La llamada Ley de Dependencia se presenta como la actuación estrella de cuantas ha emprendido o tiene intención de acometer el Gobierno socialista en la presente legislatura. Constituirá, junto con los otros tres de la Educación, la Sanidad y la Seguridad Social, el cuarto pilar de lo que en los países occidentales ha venido en denominarse el sistema de bienestar social.

La necesidad de regular, de manera integral y sistemática, ese sector de los servicios sociales que atiende a las personas que, por edad, enfermedad o discapacidad no están en condiciones de valerse por sí mismas era ya, desde hacía tiempo, evidente en España. El galopante crecimiento de la esperanza de vida, que nos situará muy pronto entre las poblaciones más envejecidas del mundo, la ha hecho todavía más imperiosa. La dignidad de las personas dependientes, así como la enorme sobrecarga de dedicación y estrés que debe soportar actualmente su entorno familiar para atenderlas, exigen que los poderes públicos se comprometan con el reconocimiento de unos derechos que vayan más allá de la clásica concepción de la asistencia social, con la creación y el mantenimiento de una red de prestaciones y servicios que sean igualmente exigibles en todo el territorio nacional.

Pero la ley, además de necesaria, resulta en extremo ambiciosa. Sus costes, que se calculan en un mínimo de 9.000 millones de euros anuales cuando esté plenamente implantada, son de los que tienden a multiplicarse sin límite y a crear, en consecuencia, fuertes tensiones presupuestarias. Por otra parte, la complejidad de un sistema autonómico como el nuestro, en el que las fronteras competenciales y financieras no parecen encontrar nunca un trazado del todo definido, podría convertirse en un obstáculo para la puesta en práctica de esta plausible iniciativa del Gobierno central.

Respecto de este último punto, las instituciones vascas han hecho ya públicas sus reticencias. No admiten el título competencial en el que el Gobierno socialista se basa para abordar su iniciativa legislativa. En efecto, la de los servicios sociales -asistencia social- es una de las competencias que están atribuidas en exclusiva a nuestra comunidad autónoma y que ésta ha ejercido con mayor intensidad. Sería, sin embargo, imperdonable que dificultades de este género, que podrían salvarse mediante imaginativos instrumentos de cooperación, dieran al traste con la implantación de un Sistema Nacional de Dependencia que, en contraste con los países de su entorno, todavía se echa a faltar en España.