El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, aseguró ayer que, «si por el fiscal general del Estado fuera, no habría ningún tipo de medida restrictiva». Así respondió a unas declaraciones hechas por Cándido Conde-Pumpido en las que dijo ver «preocupante» que el juez Fernando Grande-Marlaska adopte una medida cautelar «tan restrictiva» como la prisión provisional para los responsables de la izquierda abertzale Juan María Olano y Juan José Petrikorena sin que la Fiscalía lo hubiera solicitado, según publicó ayer 'El País'. Zaplana manifestó que «hay algunos que pueden estar muy felices» con Conde-Pumpido, «pero no los amantes de la Ley y del derecho».

Por su parte, varias asociaciones de jueces y fiscales recordaron al fiscal general que, si no está de acuerdo con la resolución de Grande Marlaska, puede recurrir. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura, subrayaron que «no le toca comentar en la prensa este tipo de preocupaciones, sino hacer su trabajo» porque declaraciones así «no contribuyen al buen funcionamiento del sistema».

En los mismo términos se expresó la Unión Progresista de Fiscales, que tachó de «irreprochable» la decisión de Marlaska «desde el punto de vista formal». Para la Asociación de Fiscales, las declaraciones de Conde-Pumpido son «desafortunadas» y puntualizó que «lo deseable» es que «los criterios del fiscal y el juez coincidan». El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, reclamó al fiscal general «el máximo respeto» a las decisiones del juez.

Por el contrario, Jueces para la Democracia valoró como «muy acertada» la reflexión hecha por el fiscal general. Según su portavoz, Edmundo Rodríguez, «la prisión provisional es una «medida excepcional» restrictiva de un derecho fundamental y, por tanto, sólo puede acordarse cuando el imputado se quiera sustraer a la actuación de la justicia».

Juego a Batasuna

Tampoco han sentado bien las declaraciones entre las asociaciones de víctimas. El presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, dijo ayer que las afirmaciones del fiscal general del Estado sobre un posible cambio de criterio en la Fiscalía si se produce una tregua «ponen de manifiesto que hay una voluntad por parte de la Justicia de hacer el juego político a Batasuna-ETA en este proceso de negociación». Asimismo, el Foro Ermua acusó a Conde-Pumpido de pretender instaurar una «dictadura» de los fiscales y del Gobierno a la hora de aplicar la Ley a los terroristas.

Por su parte, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Diego López Garrido, manifestó su respaldo al criterio del fiscal general del Estado porque «se rige por los principios de imparcialidad y legalidad».