Hablar en una democracia de deslegitimación de la violencia es hablar de la violencia política y, de ahí, esta pregunta: Entre nosotros, la sociedad de los vascos, ¿es tan clara y compartida esta deslegitimación de la violencia política? Pues no lo es de manera universal. Ciertamente la conciencia popular de rechazo a la violencia no ha dejado de crecer en los últimos treinta años. Podríamos introducir algún matiz a esta afirmación, pero la línea de fondo es ésa: los vascos nos hemos ido concienciando, lenta pero inexorablemente, de que la violencia política es ilegítima, y no sólo ineficaz. Este caminar lento desde un cierto comprender la violencia política, y en muchos casos desde la simpatía y el aplauso, al rechazo estratégico y, poco a poco, en la inmensa mayoría, a la condena moral sin ambages, es toda una travesía del desierto vivida por todos con más o menos sufrimiento. En el caso de las víctimas, incluso con la muerte, y en el de los suyos, con sufrimiento casi insuperable.

Pero, ¿por qué esta contradicción entre el rechazo de la violencia por parte de la inmensa mayoría de una sociedad y, a la vez, su perenne presencia en nuestras vidas, hasta hoy? Pues porque una parte de nuestra sociedad, minoritaria pero real, no ha asimilado este rechazo de la violencia política de manera cierta y otra parte de la misma sociedad, no tan minoritaria como la anterior, ha pensado que no estaba justificada, pero sí explicada por la Historia. Ésta es una causa muy importante, porque mientras un grupo humano no siente repugnancia moral absoluta hacia la violencia, no está libre de consentirla cerca. Indudablemente hay otras razones de orden táctico y estratégico, es decir, proyectos políticos para el futuro, que ahora no explicaré, y que están en la mente de todos.

Ahora bien, ¿cuál es el problema fundamental que acarrea la deslegitimación de la violencia política en la actualidad? A mi juicio, el nacionalismo vasco democrático está harto, estratégica y moralmente, de la violencia política de ETA. La rechaza total y convencidamente, pero, a la vez, si quiere sobrevivir como mayoría en el poder, tiene que asumir como propios parte de los objetivos políticos por los que ETA ha matado, y puede volver a matar, y por los que las víctimas han sido asesinadas o padecido otras barbaridades. O sea que la deslegitimación de la violencia ya no se juega, sólo, en la revisión de un nacionalismo que interpretado por ETA se ha convertido en un totalitarismo cruel, y que, desaparecida ETA, habría que mostrar con su sentido moral y democrático de 'siempre', sino que la deslegitimación de la violencia está planteando si se puede seguir adelante, y cuándo y cómo, con los principales objetivos de ETA, ahora como propios, o diciendo que ya eran 'nuestros', y hacer políticamente la vista gorda hacia las víctimas que lo fueron, y son, por esa causa, por pensar y ser vascos de otro modo, o no querer serlo en absoluto, y asegurar que en la persecución de tales objetivos no hay precio político alguno, sino voluntad popular que los quiere así y ya. Admitamos, a la vez, que la cuestión del 'cuándo y cómo', y si esos objetivos lo son del nacionalismo democrático en cuanto tal, también compromete a los no nacionalistas o constitucionalistas. Por mi parte, creo que lo son, pero que lo son ya y así por causa de ETA.

Para salvar este escollo de la deslegitimación, no cabe duda de que hay que encontrar el modo de que ETA no saque, ni lo parezca, precio político de su final. Es lo que se llama la derrota política de ETA ante la sociedad civil. Y a la vez, que ETA no pague, ni lo parezca, más precio penal del que las leyes democráticas y su jurisprudencia imponen. Hace tiempo que la dispersión y, ahora, la nueva doctrina del Supremo sobre la aplicación de beneficios penitenciarios a presos con múltiples condenas de larga duración, aparece como un uso de la ley contra la ley. A mucha gente le molesta esta advertencia, pero en realidad nos la debemos, precisamente, porque estamos de lado de la ley democrática, de nuestra ley.

Por tanto, y concluyendo estas palabras sobre la deslegitimación de la violencia política entre nosotros, a mi juicio, hace mucho que pasó el tiempo de los equilibrios morales, los que miran en la Historia al daño del pasado para explicar o justificar el del presente; hace tiempo también que los nacionalismos debieron reconocer su instinto dogmático y excluyente, siquiera como peligro, cosa que no hacen ni por asomo; hace tiempo que la política democrática cotidiana debió sobreponerse al cálculo estratégico de ganar el poder o echar del poder a los otros. Esto sí que sería respetar a las víctimas. Hace menos tiempo que vemos, y cada vez con más claridad, que ETA no se quiere ir de vacío, no sólo para sus presos, sino políticamente, y que esto no deberíamos aceptarlo bajo ningún supuesto. Yo así confío que lo haga la política profesional. Y hace poco tiempo, pero es importante, que se ha planteado la conveniencia de que la política cuide una salida democrática donde se respete, más si cabe, al pueblo vasco y su voluntad; yo estoy de acuerdo, no por convicciones nacionalistas al uso, sino por razones estrictamente 'prácticas', a la hora de favorecer una convivencia entre distintos en paz. Pero añado que el pueblo vasco sepa, a la vez, que su soberanía no es absoluta, es decir, sin límites, sino que tiene compromisos morales y jurídicos que respetar, compromisos con las víctimas, compromisos con los derechos de todas las personas, compromisos con los otros pueblos del Estado y compromisos con la dignidad de su futuro. El franquismo nos hizo a los vascos mucho daño, pero ETA nos ha hecho otro tanto y podemos querer su herencia, tomándola con una venda en los ojos. También puede ocurrir que otros rechacen el sentido común, y hasta la justicia, porque ETA los tocó. Hay mucho que corregir para deslegitimar la violencia, y, sin duda, lo primero, reconocer al otro ciudadano como otro distinto, igual e intangible. Todo lo demás le está subordinado. Es la persona, ¿qué ideología totalitaria nos hace dudarlo?