La ponencia de víctimas del Parlamento vasco, que reúne a todos los partidos salvo EHAK, se dispone a fijar un calendario de trabajo y retomar sus actuaciones para intentar cumplir el amplio y ambicioso listado de medidas en favor de los afectados por la violencia de ETA, que fue aprobado por unanimidad el 25 de junio de 2003 y ratificado en sus líneas maestras -esta vez, sólo con los votos del tripartito- el 18 de febrero del año pasado. Los grupos ya han presentado sus respectivas iniciativas por escrito, en las que el PNV y los socialistas vascos coinciden en apremiar para que la Cámara convoque un pleno monográfico sobre la situación de los damnificados antes de que finalice, en junio, el actual período de sesiones. Éste pretende constituir el germen para instaurar un debate anual, uno de los objetivos refrendados por el Legislativo que aún no se han llevado a efecto.

La celebración de ese pleno, factible dado que lo avalan las dos principales fuerzas políticas vascas, situaría de nuevo en el epicentro de la discusión parlamentaria la problemática de las víctimas de ETA, cuyo papel en un hipótetico proceso de paz y su postura ante una negociación de la banda con el Gobierno de Zapatero constituyen motivo no sólo de disputa partidista, sino también de distanciamiento entre los propios colectivos de damnificados. Los grupos de la Cámara no han logrado soslayar en los últimos tiempos sus serias diferencias sobre la manera de encarar un asunto tan delicado como el reconocimiento y la asistencia a quienes han sido golpeados por el terrorismo, lo que ha supuesto que la ponencia avanzara a trancas y barrancas y que el inédito consenso labrado en 2003 no sobreviviera dos años después.

No obstante, y según se desprende de las propuestas que han trasladado al presidente de la comisión de Derechos Humanos, el peneuvista Íñigo Urkullu, los partidos parecen dispuestos a afanarse para intentar cumplir los acuerdos adoptados por la Cámara, aunque unos y otros mantienen sus posiciones matizadas. Sí parece existir opción de acercar posturas en la celebración del pleno monográfico -que los peneuvistas sitúan después de Semana Santa y el PSE, antes de junio- y convertirlo definitivamente en una iniciativa con carácter anual, así como en la elaboración de un código ético sobre el modo de tratar la problemática de los damnificados que repercutiría en la labor de los medios de comunicación; la elaboración de una Ley de Solidaridad semejante a la que ya existe en el Estado y que el Gobierno de Zapatero pretende ahora perfeccionar; o el acompañamiento por parte de las instituciones a todos los familiares que tengan que acudir a juicios contra etarras. Todas estas actuaciones figuran en los documentos suscritos por los grupos con mayor o menor grado de apoyo en los tres últimos años.

Labor de control

La propuesta del PNV, avalada por Urkullu, se divide en dos grandes apartados. En el primero, los jeltzales plantean efectuar un seguimiento bimensual del trabajo que realizan las direcciones de Víctimas y de Derechos Humanos del Gobierno para tratar de ejecutar los mandatos parlamentarios, y otro cada tres meses de los pasos que da la Asamblea de Municipios Vascos (Eudel) para hacer realidad los gestos de arrope a los amenazados pueblo a pueblo, una asignatura pendiente a lo largo de la última legislatura. La segunda parte del documento es la que recoge la propuesta para celebrar una sesión parlamentaria monográfica tras Semana Santa y otras para acelerar actos de reconocimiento como la colocación en la entrada de Legislativo de un monolito en memoria de las víctimas.

Mientras los jetzales no solicitan, en principio, nuevas comparecencias, no ocurre lo mismo con socialistas y populares. Los primeros reclaman la presencia en sede parlamentaria, entre otros, del consejero de Educación, del rector de la UPV y del director de EITB para verificar si se está fomentando o no una cultura de paz, otro de los puntos del mandato parlamentario. El PP, al que el resto de formaciones han acusado en los últimos años, con menor o mayor crudeza, de impedir acuerdos unánimes por falta de flexibilidad, va más allá y solicita explicaciones además de a Tontxu Campos, al lehendakari, al consejero de Interior, Javier Balza, y a la presidenta del Legislativo, Izaskun Bilbao.

Los populares añaden a su lista de comparecencias la petición para que los servicios jurídicos estudien si el Parlamento puede ejercer como acusación particular en los juicios, iniciativa que también había sido refrendada en febrero del pasado año. Ayer, al término de la reunión de la comisión, Urkullu confió en que los grupos puedan pactar un nuevo calendario de trabajo y su metodología.