El Gobierno vasco salió ayer en defensa de los forenses del Instituto Vasco de Medicina Legal que han examinado a Arnaldo Otegi después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska pusiera en duda el tratamiento prescrito por estos especialistas y encargara el viernes nuevas pruebas para confirmar si el dirigente de Batasuna sufre neumonía.

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, expresó en un comunicado su «sorpresa y disgusto» por la actitud del instructor, de quien dijo que ha «puesto en cuestión» el trabajo de los forenses que han realizado una labor «digna de elogio».

Azkarraga explica que el tratamiento del líder de Batasuna es el que han prescrito los especialistas de Osakidetza y se muestra especialmente molesto por el hecho de que Grande-Marlaska «ponga en cuestión» los informes médicos basándose en «opiniones médicas de personas que no han visto al paciente». Además, aprovecha su comunicado para recordar al juez la confidencialidad de los datos médicos de Otegi.

El PP y la Caja Vital

Por otra parte, el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso (PP), consideró ayer «un error» que la Caja Vital conceda un aval de 100.000 euros al secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga , para que haga frente a la fianza que le ha impuesto Grande-Marlaska para eludir la prisión.

A este respecto, la entidad de ahorro hizo público ayer un comunicado en el que asegura que analiza la concesión o no de avales con criterios «estrictamente técnicos y profesionales».