«La homosexualidad es un delito en 79 países y en algunos estados tienen leyes concretas por las que los transexuales pueden ser encarcelados y acabar muertos». Representantes de asociaciones LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) de América Latina solicitaron ayer la ayuda del Gobierno vasco para acabar con su «discriminación».
«En Latinoamérica no existen ayudas económicas por parte de ninguna administración pública, así que dependen de la financiación internacional». Por este motivo, las organizaciones españolas de homosexuales, bisexuales y transexuales dedicarán el 0,7% de su presupuesto a financiar proyectos de cooperación que tengan en cuenta a este colectivo. «Trataremos de conseguir fondos del Gobierno vasco y las autoridades locales», indicó Txema Gonzalo de Hegoak, que trabajará conjuntamente con la Fundación Triángulo.
Este compromiso supone una de las principales conclusiones de las III Jornadas de Cooperación Internacional con colectivos homosexuales y transexuales de países latinoamericanos, celebradas el pasado fin de semana en Bilbao. Miembros de estas organizaciones acercaron la realidad de sus países, donde la homofobia está a la orden del día. «Como transexuales estamos criminalizados. Se nos niega el derecho a la salud, a la vivienda y a la educación», denunció Lohana Berkins, dirigente del movimiento 'trans' de Argentina. «No se nos reconoce ni la categoría de ciudadanos. O sos prostituta o te mueres del hambre», añadió.
Silenciados
Es una situación generalizada en toda América latina, donde la voz de este colectivo es silenciada. «En Perú las fuerzas conservadoras actúan contra nosotros, promoviendo la violencia», manifestó Alejandro Samuel, del Instituto Encuentros por el Arte de Lima. El Gobierno de ese país, añadió, acaba de aprobar un Plan Nacional de Derechos Humanos con varios artículos «discriminatorios», que rechazan las uniones entre homosexuales y no reconocen sus derechos en el ámbito militar.
Hay países, como Nicaragua, donde ser homosexual todavía está penado con la cárcel y existe una gran represión policial; en Panamá son agredidos por «intentar dejar de ser invisibles»; en México, una encuesta concluyó que la mitad de la población no permitiría que un homosexual viviera en sus casas. Estos testimonios han sido valorados por el consejero vasco de Asuntos Sociales, Javier Madrazo. «Llevamos tiempo trabajando por que la cooperación al desarrollo se abra también a los derechos humanos. Ahora lo que pretendemos es reforzar este plan con políticas concretas».
Una contribución en la lucha contra el sida en Perú, dotada de 100.000 euros, y la subvención a un festival de cine LGBT son algunos de los proyectos que ya están en marcha. «El primero que se tiene que sacar la homofobia es el propio Estado que lo ha generado», subrayó Berkins.