El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha dejado esta tarde en libertad al ex parlamentario de Batasuna Joseba Álvarez, con la única condición de comparecer cuando sea requerido, tras tomarle declaración en relación con los 108 actos violentos, desde sellar con silicona cajeros automáticos hasta las bombas que puso ETA en las carreteras de acceso al País Vasco, que se cometieron durante la jornada de huelga convocada por la formación ilegalizada el pasado día 9.

El auto explica que Álvarez, que se negó a declarar ante el magistrado, fue citado por un error de la Guardia Civil que hoy fue subsanado, ya que en un informe le situaba junto a Arnaldo Otegi y Juan María Olano en la rueda de prensa que ambos dieron el pasado día 5 convocando a la huelga del día 9. La convocatoria se realizó un día después de que el diario 'Gara' publicara un comunicado de ETA que hacía un llamamiento a la movilización general. Olano ingresó en prisión incondicional el pasado día 15, y previsiblemente ocurrirá lo mismo con Otegi el próximo viernes, día en el que está prevista su declaración si su estado de salud se lo permite.

El auto señala que no consta que la intervención de Álvarez, que está procesado por integración en organización terrorista en esta causa, en la se investiga la financiación de ETA a través de las herriko tabernas, controladas por Batasuna , "fuera directa en la materialización de los hechos criminales, en el sentido de su planificación, más cuando sólo puede datarse su presencia en una rueda de prensa de 28 de febrero de 2006, sin intervención en ninguno de los actos, ni ruedas de prensa celebradas con posterioridad".

El juez añade que ello, "principalmente, tras los primeros actos de kale borroka verificados el 3 de marzo de 2006 en Santurce y Portugalete. Es decir, no cabe imputarle relación directa cierta con ninguno de los hechos criminales, ni siquiera en su ideación, verificándose su presencia única y exclusivamente el 28 de febrero".

Tras la rectificación de la propia Guardia Civil, el juez explica que, independientemente del procesamiento que ya tiene Ávarez en esta causa, no ha incumplido sus obligaciones, y no consta con una mera seriedad que haya reiterado su actividad delictiva.

Durante la comparecencia, los fiscales Juan Moral y Jesús Alonso no solicitaron ninguna medida cautelar para Álvarez, al igual que hizo la semana pasada con los demás imputados por los actos violentos de la huelga. La acusación que ejerce Dignidad y Justicia en la causa, solicitó una fianza de 300.000 euros. En cambio la acusación de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) solicitó el ingreso en prisión incondicional de Álvarez.

Usabiaga paga la fianza

Por su parte, fuentes jurídicas indicaron que el secretario general del sindicato LAB ya ha abonado la fianza de 100.000 euros que le impuso el juez el pasado jueves, mientras que el dirigente de Batasuna Pernando Barrena dispone aún hasta las 20.00 horas de mañana para pagar la de 200.000 euros que se fijó para él. En cambio, el juez decretó prisión incondicional para el ex responsable de Gestoras pro Amnistía Juan María Olano y el responsable de comunicación de Batasuna , Juan José Petrikorena.

El magistrado señala en el auto los actos cometidos durante la huelga "fueron instados y organizados directamente por la ilegalizada Batasuna , frente político-institucional de la organización terrorista ETA , en coordinación con el frente de masas de la ultima constituido principalmente por las ilegalizadas Jarrai-Haika-Segi y siguiendo los dictados de ETA ; habiendo ocupado un puesto principal en su decisión y planificación distintos miembros de la ilegalizada Batasuna , así como de Gestoras pro Amnistía, asociación cuyas actividades han sido declaradas igualmente ilícitas".

El auto en el que el juez citaba a declarar a los dirigentes de Batasuna , afirmaba que "se han producido en distintas localidades del País Vasco y otras adyacentes una pluralidad de hechos delictivos: colocación de artefactos explosivos, inutilización de accesos a locales, interrupción de las vías públicas..., que ha puesto en entredicho no sólo la paz pública, sino el mismo orden constitucional". El magistrado consideraba a los imputados inductores de estos actos.