El proyecto de Código Unificado de Recomendaciones sobre Buen Gobierno de las empresas cotizadas en Bolsa, bautizado en los medios como Código Conthe, ha causado un enorme revuelo entre los directamente destinatarios del mismo y está dando también mucho que hablar en el entorno del mundo bursátil y aún fuera de él. El grupo de trabajo creado por el Gobierno para asesorar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la actualización de las recomendaciones de los informes Olivencia y Aldama sobre Gobierno Corporativo, ha realizado su trabajo teniendo también presentes las últimas propuestas hechas en este campo por la Comisión Europea y por el Comité de Supervisores Bancarios de Basilea. Pero el resultado ha sido recibido con muchos pitos y sólo unos pocos aplausos, pese a que el Código será de aplicación voluntaria.

Una vez presentado el proyecto, la CNMV abrió un período de consulta pública durante el cual se han podido presentar las observaciones que se consideraran oportunas. Este período terminó el pasado 28 de febrero y, más que críticas, el proyecto de Código ha recibido un verdadero aluvión de descalificaciones públicas, algunas de enorme dureza. En esta especie de conjura 'todos contra el Código' se ha destacado la gran mayoría de las sociedades incluidas en el IBEX 35, la patronal bancaria AEB y hasta la cúpula de la patronal CEOE, cuyo sempiterno presidente ha mostrado públicamente su disconformidad 'con el fondo y la forma' del proyecto. Otros han lamentado el lenguaje imperativo y el espíritu intervencionista que en su opinión inspira todo el articulado, y tampoco han faltado acusaciones más concretas, como la de 'marcar el compás a las empresas'; 'intentar en ocasiones sustituir la voluntad del consejo de administración'; difundir un 'mensaje de desconfianza sobre los administradores'; ir 'contra la ley de sociedades anónimas'; y, según el presidente del Banco de Santander, ser una especie de misil contra la unidad que debe existir en los consejos de administración. En este mar lleno de buques de guerra portadores de acerados mensajes, sólo el barquito de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), qué casualidad, ha asegurado que el Código Conthe es «por sí mismo, una buena noticia».

El presidente de la CNMV, Manuel Conthe, ha calificado de 'pintorescas' algunas de las críticas y ha recordado que las normas vigentes en las Bolsas de Nueva York y de Londres son mucho más severas y coercitivas que las contempladas en el proyecto de Código. Pero también ha reconocido que algunas recomendaciones «necesitan un pulido» y ha insistido en que las observaciones que se envíen por escrito se tendrán en cuenta en la versión definitiva de las recomendaciones que el grupo de trabajo elevará al Gobierno y hará públicas antes del 31 del presente mes de marzo. Veremos en qué queda todo, si el Código Conthe consigue finalmente armonizar y actualizar las recomendaciones vigentes internacionalmente sobre gobierno corporativo, todo ello como parte del mandato contenido en la Ley de Transparencia, o se suma a la vida lánguida que han tenido bastantes de las propuestas contenidas en los informes Olivencia y Aldama, para muchos observadores verdaderos papeles mojados en el gobierno empresarial español.

Pero veamos brevemente cuáles son los huesos más duros de roer para los críticos del proyecto. En primer lugar, consideran que la tan cacareada voluntariedad es sólo relativa, cuando no engañosa. Cierto que en la introducción del proyecto se insiste no sólo en que las recomendaciones son de aplicación voluntaria y en que puede haber supuestos en los que es plenamente legítimo y respetable no seguir las recomendaciones; pero la voluntariedad está sujeta en el Código al principio de «cumplir o explicar», es decir, cuando no se cumplan sus mandatos «hay que explicar el motivo, pública y razonadamente, para que los accionistas y mercados puedan juzgarlos». En definitiva, va a resultar muy difícil explicar lo inexplicable.

Otra de las razones por las que algunos han animado a que el proyecto de Código se multiplique por cero (imitando al chaval de los Simpson), es que contempla la designación, entre los consejeros independientes, de un vicepresidente con amplísimos poderes y capacidad de evaluar al presidente del consejo, siempre que éste sea también el primer ejecutivo de la sociedad. Ante las acusaciones de fomentar la bicefalia en las empresas, Conthe ha prometido que se matizará esta recomendación, porque «la bicefalia no está en absoluto dentro del espíritu de la misma». Pero comprendan que, sea cual sea la redacción definitiva, para algunos presidentes resultará absolutamente infumable.

Luego viene lo que el proyecto llama 'diversidad de género'. No es que se indique el número o porcentaje de consejeras que debe haber, como algunos han manifestado; sólo se dice que «cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el consejo deberá explicar los motivos y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación»; y que, cuando se produzcan vacantes, la compañía debe buscar deliberadamente mujeres que reúnan el perfil profesional e incluirlas entre los candidatos. Según la consultora Watson Wyatt, en la actualidad sólo el 3,6% de los consejeros de las empresas del IBEX 35 son mujeres, hecho que algunos atribuyen a una cuestión meramente generacional pero que el proyecto de Código cree perfectamente subsanable, como lo ha sido en Noruega (es obligatorio un 40% de mujeres) y, sin regulación expresa, en Estados Unidos y otros países. Pues bien, algunos empresarios españoles no son partidarios.

En definitiva, o el texto final del Código modifica sustancialmente el actual o nos sumiremos en una agria polémica que implicará directamente a la CNMV y, por elevación, al Gobierno. Una polémica necesaria, porque ninguna firma del IBEX 35 cumple hoy las recomendaciones del proyecto de Código de Buen Gobierno en materias tan importantes como las competencias de los consejeros independientes, transparencia de las retribuciones, funcionamiento de las comisiones, eliminación de blindajes o presencia de mujeres. Algunas críticas al proyecto conocido son absolutamente pertinentes, especialmente las que se refieren a las formas (muy de ordeno y mando) y a la minuciosidad con que trata la casuística más insignificante. Pero si lo que importa es el fondo de la cuestión, en el texto «subyace un aumento de la protección de los accionistas y mayores garantías para el gobierno de las empresas» (editorial de 'Expansión', 1-3-2006), y por eso no todas las críticas que se han realizado resultan razonables. Si a la tercera no va la vencida y tampoco el Código Conthe funciona adecuadamente, la alternativa es sólo una: regular el buen gobierno de las empresas cotizadas y no cotizadas a través de una ley específica. Lo que ocurrirá finalmente es un misterio, pero tengamos presente que no es éste un país muy propenso a guiarse, y menos en materia económica, por los buenos consejos. ¿Hasta ahí podríamos llegar!