El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró ayer que dará su «vida» si antes del 12 de julio no ha conseguido la nacionalización de los recursos naturales del país, una de los compromisos políticos que le llevaron al poder. «Si usted da su vida por la refundación, yo doy mi vida por la nacionalización de los recursos naturales y me comprometo para el 12 de julio a que Camiri y el pueblo boliviano» verán cumplido el compromiso, señaló.

La declaración fue la respuesta al radical ofrecimiento formulado por Gonzalo Moreno, alcalde de Camiri -centro de la riqueza de hidrocarburos del país- de quitarse la vida «en un acto público en la plaza central» de la localidad si para la citada fecha -aniversario de la ciudad- el Gobierno no ha refundado la empresa petrolera nacional,YPFB.

Moreno es el regidor de la ciudad donde arrancó ayer un programa masivo de alfabetización que cuenta con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Venezuela y que desde mediados del siglo pasado ha aportado a las arcas del Estado más de 1.500 millones de dólares procedentes de la explotación petrolera.

YPFB fue privatizada en 1996. En el proceso participaron multinacionales como la compañía hispano-argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobrás, la francesa TotalFina Elf y las británicas British Petroleum y British Gas.

Cuando Morales habla de 'nacionalización' se refiere al proceso iniciado en mayo del año pasado para que el Estado posea mayoría en los grupos que explotan las riquezas naturales.

Control empresarial

El Gobierno quiere 'comprar' acciones en las empresas privatizadas para poder tener su control. Si no hay acuerdos satisfactorios, la nacionalización de los hidrocarburos, podría hacerse por decreto y la medida sería extensiva al agua, según anunció la pasada semana el ministro de esa cartera, Andrés Soliz. En el caso de los minerales, el Ejecutivo contempla aumentar la recaudación modificando el denominado Impuesto Complementario a la Minería. Esos mensajes han originado una profunda inquietud en Repsol-YPF.

Por otra parte, los empresarios bolivianos advirtieron de que el aumento obligatorio del 50% del salario mínimo barajada por el Gobierno, que lo situaría en 88o bolivianos, provocará quiebras e inflación. Esa subida fue propuesta por los ministros del área económica, pero Morales pidió uno todavía mayor, del 100%.

«El Gobierno debe tomar muy en cuenta el impacto sobre el déficit fiscal y que además sea sostenible en el tiempo», manifestó Eduardo Peinado, presidente de la Cámara Nacional de Industria. «En el sector privado preferimos que los incrementos salariales anuales sean acordados entre los empresarios y los trabajadores», añadió.