Cuando todos los gigantes del sector textil se dieron cuenta de que daba igual dónde producir; cuando las multinacionales apostaban por la marca, el márketing y la distribución; cuando pagaban a un futbolista en publicidad lo que uno de sus empleados en Indonesia hubiera tardado 20 siglos en cobrar... Cuando la punta del iceberg asiático asomaba en el horizonte, el grupo Sáez Merino mantenía toda su producción en España. Cuestión de «filosofía», explicaban sus responsables. El fabricante de los pantalones Lois, un icono de la moda vaquera durante décadas, tuvo que dar su brazo a torcer hace un año y medio. Entonces empezó a subcontratar parte de sus artículos en Marruecos y Túnez para reducir costes e intentar salvar sus ventas y rentabilidad ante la creciente y feroz competencia de China. La medida se tradujo en la desaparición de 542 empleos y el cierre de cuatro plantas. No fue suficiente: la empresa acaba de presentar un expediente de regulación que prevé 654 despidos, el 72% de su plantilla. La decisión forma parte de un drástico plan de ajuste por el que abandona la actividad industrial para volcarse en el diseño, comercialización y distribución. De las cuatro factorías actuales sólo sobrevivirá la de Benaguacil (Valencia), en la que concentrará todas sus trabajos.

La compañía se encuentra en estado crítico; uno de los peores de una historia casi legendaria, que arrancó en la década de los 50 cuando Manuel y Joaquín Sáez Merino se constituyeron en contrapunto de los vaqueros 'made in USA'. Sus sueños se plasmaron en el lanzamiento, en 1962, de los vaqueros Lois, una marca a la que intentó vincular con el 'glamour' de la mano de famosos como el 'rockero' Bruno Lomas, Rod Stewart, el tenista Björn Borg o el grupo sueco Abba, que contribuyeron a su promoción. Dominó el mercado hasta que a finales de los 80 las ventas comenzaron a resentirse por la competencia de otras firmas. Los 'números rojos' le condenaron a la suspensión de pagos en 1992, de la que salió tres años después. Ahora se repite la historia -acaba de entrar en lo que la nueva legislación denomina 'proceso concursal'- al ser incapaz de afrontar sus compromisos financieros tras un nefasto 2005, el ejercicio en el que culminó la paulatina apertura de las fronteras de la UE a los textiles procedentes de China. En él perdió 14,1 millones de euros, pese a la regulación de empleo que puso en marcha.

Contra las cuerdas

La globalización y, en particular, la avalancha de prendas vaqueras fabricadas en Asia a precios ridículos ha puesto contra las cuerdas al grupo, incapaz de competir en ese contexto con su estructura de costes. Aunque la compañía ha convertido en su santo y seña -casi tanto como el logotipo del toro que adorna sus prendas- el mantenimiento del empleo en España y de la actividad industrial, al final se ha visto obligada, tras años de resistencia, a seguir el camino de sus principales competidores. Es decir, deslocalizar o subcontratar totalmente su producción a países emergentes con mano de obra barata. El retraso en adoptar esa decisión no ha hecho sino agravar la profundidad de su crisis.

La empresa, cuyas luces de alarma se encendieron en 2002 al caer un 30% sus resultados, intentó parar el golpe en 2004 con un ajuste que se cobró 542 empleos y el cierre de cuatro plantas: las de Torrent, Carcaixent, Ayora -todas ellas, en la Comunidad Valenciana- y Casas Ibáñez (Albacete). La clausura de esas dos últimas, ubicadas en zonas sin apenas industria, se aplazó hasta finales del pasado año en un intento de recolocar a sus trabajadores. Además, subcontrató parte de su producción en el norte de África. La medida se ha revelado insuficiente para frenar la sangría económica que sufre el sector, para el que 2005 fue el peor año que recuerda en su historia, según fuentes patronales. En él, la producción nacional de textiles cayó un 30% y un 22% el empleo -en concreto, 22.000 puestos de trabajo, según el Consejo Intertextil-, mientras las importaciones procedentes de China crecían un 50%.

Regulación de empleo

En ese contexto, el grupo acaba de presentar un expediente de regulación ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia. El ajuste prevé 654 despidos, la congelación de los salarios durante este año y el próximo a los 295 trabajadores que se mantendrán en la compañía; y la «transformación del grupo en una firma no industrial, centrada en el diseño, la comercialización y la distribución» de sus cuatro marcas de ropa: Lois, Cimarrón, Caroche y Caster. Según ha explicado Sáez Merino, el plan de viabilidad incluye el traslado de toda la actividad a la planta de Benaguacil (Valencia), «convertida en sede única no industrial, lo que permitirá reducir costes y una mayor eficiencia en los procesos». Las demás factorías -las de Cheste, Segorbe y Daimiel- serán cerradas.

La dirección de la empresa, que adeuda 1,6 millones en indemnizaciones a los empleados afectados por el anterior ajustes, intenta alcanzar un acuerdo con los sindicatos.