Gas Natural e Iberdrola manifestaron ayer su intención de esperar a conocer si Endesa depositará el aval de 1.000 millones, lo que supondrá la suspensión de la OPA, antes de adoptar eventuales medidas legales. Sin embargo, ninguna de las dos compañías ocultó su malestar por la resolución de la juez de Madrid, que pone en tela de juicio lo que siempre han defendido: que el acuerdo de compra-venta de activos entre el operador gasista y la eléctrica vasca es independiente a la oferta de compra, que no está concertada. Apuntaron, a este respecto, que «las diferentes instancias administrativas» que han analizado el pacto no lo han considerado colusorio.

Gas Natural publicó un duro comunicado en el que advierte de que, si Endesa paga el aval de 1.000 millones y paraliza la OPA, podría perjudicar a sus propios accionistas. También recordó todas las demandas interpuestas por el consejo de administración de la eléctrica que, a su juicio, «no han perseguido el beneficio de sus accionistas».

En este caso concreto, la firma gasista indicó que la eléctrica inició en un primer lugar actuaciones por asistencia financiera y pacto colusorio en dos juzgados de Barcelona, pero desistió de ellas antes de que el juez se pronunciara. Decidió entonces presentar las mismas demandas en Madrid.