Si el proceso de las 'opas' sobre Endesa estaba ya suficientemente liado, la aparición en escena del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid le añade una dosis de complejidad tal que lo convierte en inescrutable. La juez Miriam Iglesias se incorpora así al elenco de actores que intervienen en la película y que hasta ahora comprendía, además de a las empresas en danza -Endesa, Gas Natural y E.on-, a la Comisión Nacional de la Energía, al Tribunal de la Competencia, al Gobierno español, a la Comisión Europea y al Tribunal de Luxemburgo. Es lo malo de este tipo de operaciones, en donde su complejidad interna crece exponencialmente según se dilata el tiempo empleado en su resolución.

¿Y ahora? ¿Pues vaya usted a saber! Si lee el apartado primero del artículo 81 del Tratado de la Unión sacará una opinión que quizás cambie cuando lea el apartado situado en tercer lugar. Y, además, ¿Cómo se concilia la intervención en temas de competencia de los tribunales 'normales' con la del ya concernido Tribunal 'específico' de la Competencia?

Se podría pensar que son instancias diferentes: una judicial y otra administrativa. Pero si repasan el encargo legal del Tribunal de Defensa de la Competencia comprobarán que, junto a su funciones tutelar y consultiva, tiene asignada una tercera -esta vez, resolutiva-, en donde se le ordena «resolver la existencia o no de prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por la ley y determinar e imponer las sanciones correspondientes».

Conclusión: Esta historia tiene un 'overbooking' de personajes y una evidente ausencia de claridad. Por si fuera poco, la decisión de la juez tiene elementos de partida de póker. Para ver la jugada, Endesa deberá poner encima de la mesa un aval de 1.000 millones de euros, una cautela judicial que le obligará a pensárselo dos veces. O tres.