Hoy, coincidiendo con la celebración del día internacional del agua, se clausura el IV Foro Mundial que ha reunido en México a más de 10.000 participantes y a representantes de 139 gobiernos en torno a un bien esencial para la vida y el desarollo humano. Pero ni siquiera esta constatación garantiza la unanimidad de los reunidos en la consideración del agua como un derecho fundamental y las profundas consecuencias que esta catalogación, de llevarse a la práctica, podría conllevar. Los intereses económicos, estratégicos y empresariales condicionan este pronunciamiento de universalidad, pese a que la declaración final no es vinculante y pese a la necesidad urgente de una actuación mundial cohesionada. Ayer mismo, un informe de la ONU alertaba sobre los graves problemas medioambientales que provocará la carencia de agua en los próximos quince años.

España ha liderado dentro del Foro la asociación estratégica de Latinoamérica y la Unión Europea sobre el uso de recursos hídricos y saneamiento. El propósito es que los países iberoamericanos -donde el 34% de su población carece de agua potable en las viviendas- avancen en planes de abastecimiento paralizados por la discusión sobre si el agua es un derecho o una mercancía. Es un acuerdo donde España ha apostado fuerte para ser protagonista en las estrategias mundiales sobre aprovechamiento de ese recurso natural. En línea con dicho propósito se encuentra la Expo de 2008 en Zaragoza bajo el lema 'Agua y desarrollo sostenible', que ha merecido el reconocimiento de la capital aragonesa como sede de la Secretaría del Decenio Internacional dedicado por Naciones Unidas a ese mismo tema.

Tal como se ha observado durante las sesiones, la apuesta española es una aproximación, no exenta de riesgos, a la alternativa que propone el Banco Mundial contra los índices de pobreza y enfermedad ocasionados por la escasez de agua potable, basada en una mayor participación del sector privado en la gestión de un bien que nunca deja de ser común. A este respecto, la ministra de Medio Ambiente ha distinguido en la capital azteca entre el uso del agua para necesidades básicas o para actividades económicas que generan beneficios. Se trata de una distinción cuando menos confusa, pues habrá que especificar qué se entiende por necesidades básicas. España es el primer país europeo que, a semejanza de Chile, Canadá o Australia, ha autorizado por un real decreto de diciembre pasado la venta de derechos del agua entre usuarios.

Será difícil que el agua deje de ser motivo de disputas o incluso de conflictos bélicos; en ese sentido es de aplaudir que España se sitúe en primera línea de la cooperación de la UE con Iberoamérica. Pero para acudir a este continente con la lección bien aprendida será preciso acertar internamente en la gestión de los propios recursos hídricos.