Emoción en Euskadi, gozo en España. Estos son los sentimientos primarios que ayer embargaron a la ciudadanía al conocer que las expectativas que se habían creado en torno a un hipotético 'proceso de paz' habían desembocado en una declaración de ETA que anunciaba un «alto el fuego permanente». Estos impulsos, muy lógicos en una sociedad que ha padecido durante cuatro décadas el terror exorbitante promovido por ETA, han tenido que ser tamizados racional y políticamente. Y el gozo, como la emoción, ha debido aderezarse de inmediato con la desconfianza. Desconfianza que proviene del hecho de que la pelota está en el tejado de quienes han llenado de sangre, sudor y lágrimas este país sin razón y con saña desde bastante antes de que arrancara el régimen democrático y con el afán manifiesto de agostarlo, de que nunca llegase a florecer. Ningún 'síndrome de Estocolmo' debería ofuscarnos a este respecto.

El comunicado no es precisamente tranquilizador, no sólo porque lo 'permanente' puede dejar de serlo (no así lo 'definitivo') sino también porque usa el detestable lenguaje ya conocido del fanatismo ultranacionalista. Aciertan seguramente quienes disculpan la catadura prosaica del mensaje en beneficio del contenido, pero parece oportuno utilizar este argumento, el de la persistencia filológica, para realizar la ya inaplazable advertencia de fondo, ideológica, que procede cada vez que ETA maneja la estrategia del alto el fuego: si lo que quiere decir es que reconoce -aunque sea de manera críptica- que ha pasado su hora y la de la violencia, y que declina seguir utilizándola como elemento de presión política, estaremos al comienzo del principio del fin, por utilizar la esperanzadora frase de Zapatero. En cambio, si el significado de la comunicación es más ambicioso y se resume en una propuesta condicional que supedita la 'permanencia' del alto el fuego a la evolución de un proceso autodeterminista, estaremos corriendo un grave riesgo de padecer una nueva frustración.

Tiempo habrá para examinar todos los extremos del comunicado etarra y las reacciones del nacionalismo vasco, tanto el democrático como el que no lo es y ha secundado la violencia terrorista. Ahora conviene quizá sentar algunos principios que nunca son ociosos. En primer lugar, el de que, después de tanto sufrimiento, nadie le puede pedir legítimamente a este país que remita al olvido la gran tragedia cuando la organización terrorista que la promovió está exhausta y al borde de la consunción. En segundo lugar, todos los 'agentes', como dice el comunicado, han tenido ya ocasión de ver lo que da de sí la Constitución en el trámite del Estatuto de Cataluña, que se ha redactado felizmente sin la presión desfiguradora de las metralletas. Pueden tener por seguro los nacionalistas vascos de todos los pelajes que los límites que acaban de visualizarse no se ampliarán por el hecho de que ETA sugiera más o menos sutilmente alguna relación entre su «alto el fuego permanente» y la reforma del marco institucional del País Vasco.

En tercer lugar, conviene recordar que el planteamiento de este asunto ha de hacerse poniendo a todos los demócratas a un lado y a ETA al otro; es firme y no revisable el criterio de no pagar precio político alguno por la paz. De ningún modo se entendería que esta 'tregua' -eso es el «alto el fuego», con las connotaciones perversas del concepto- fuese un nuevo motivo de confrontación entre el PP y el PSOE. Los líderes políticos deben saber que la ciudadanía tomaría muy buena nota del desmán si alguno quisiera utilizar este asunto en beneficio propio y en perjuicio del adversario. En definitiva, es exigible que se recomponga la unidad política, aunque sólo sea en este concreto asunto y hasta que esta manifiesta oportunidad que se brinda a la paz se haya explorado hasta las últimas consecuencias.