No es fácil pronunciarse sobre un comunicado de ETA, cuando, en el momento mismo de hacerse público, se nos anuncia otro documento posterior que puede acabar desmintiendo cualquier interpretación precipitada. Sin embargo, la declaración de un alto el fuego permanente no puede dejar a nadie indiferente ni permite posponer los comentarios hasta que las cosas se aclaren. Independientemente de las explicaciones que mañana -ya hoy- nos dé ETA, la importancia del hecho mismo del alto el fuego no puede ser soslayada ni por un exceso de prudencia ni por temor a equivocarse.

Habrá que decir, en primer lugar, que el anuncio de ETA apenas habrá sorprendido a nadie. Tanto Batasuna, desde la declaración de Anoeta del 14 de noviembre de 2004, como el propio presidente del Gobierno, con sus reiteradas premoniciones de la cercanía del principio del fin, habían creado un ambiente en el que, a propósito del alto el fuego de ETA, cabía discrepar sobre el cómo y el cuándo, pero difícilmente sobre el qué. La declaración de ETA ha venido a caer, en este sentido, como una fruta madura que no resistía por más tiempo su permanencia en el árbol.

Quizá sea precisamente éste de la madurez el aspecto que resulta más significativo a la hora de valorar el acontecimiento. A diferencia de otras declaraciones de alto el fuego que ETA ha hecho en su historia, ésta de ayer tiene todo el aspecto de responder a un proceso de maduración en el que la banda ha llegado a interiorizar el agotamiento de la llamada 'lucha armada' como instrumento de intervención política en un sistema democrático consolidado. Ni la tregua que precedió a las conversaciones de Argel ni el alto el fuego 'unilateral e indefinido' que abrió el proceso de Lizarra tenían esta característica. En Argel, se trataba todavía, en la mentalidad de ETA, de la confrontación entre dos poderes que se creían, ambos a dos, capaces de imponer el uno al otro su victoria. En el proceso de Lizarra, el alto el fuego se presentaba como una estrategia por la que, mediante la acumulación de las fuerzas nacionalistas, se pretendía alcanzar los mismos objetivos que no habían podido conseguirse a través de la violencia. En los dos casos, ETA utilizaba la tregua como un arma más de su lucha en pos de la imposición de su proyecto político.

El tiempo no ha pasado en vano. Tanto ETA como el Estado han sacado las conclusiones pertinentes tras el fracaso de ambas experiencias. De hecho, el Estado ha salido fortalecido y ETA, por su parte, se ha visto enormemente debilitada. Sea, por tanto, cuales fueren las explicaciones con que ETA adorne la decisión que anunció ayer, a nadie puede ocultársele a estas alturas que el proceso que con este nuevo alto el fuego se abre -si es que de verdad llega a abrirse- no se desarrollará dentro de los mismos parámetros que los anteriores. ETA se sabe perdedora y sabe también que, sólo si actúa de acuerdo con esa toma de conciencia, podrá salvar mínimamente la cara ante su propia gente. De hecho, el escueto comunicado con que ETA anunció ayer su decisión, así como la declaración que Batasuna leyó posteriormente para acompañarlo y ratificarlo, constituyen una muestra clara de que la retórica de las épocas triunfalistas en que la izquierda abertzale leía la cartilla a todo el mundo ha dado paso a una literatura más sobria y contenida que permite albergar una esperanza fundada de que realmente estamos aproximándonos al definitivo principio del fin.

Todo parece indicar, por tanto, que nos encontramos ya, si no en el mismo centro, sí, al menos, en los aledaños de que pueda comenzar a darse por operativa la famosa resolución aprobada en el Congreso de los Diputados el día 17 de mayo del pasado año. Lo primero será ahora verificar si se da realmente por parte de ETA «una clara voluntad de poner fin a la violencia» y si se constatan en ella «actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción». En cualquier caso, de ahora en adelante, esa resolución deberá ser el referente imprescindible para todos los partidos que componen el arco parlamentario. Será, en consecuencia, la hora de la verdad también para el Partido Popular, que deberá optar entre quedarse quieto a la espera de un eventual fracaso del Gobierno en la conducción del proceso o sumarse paulatinamente a él para compartir su posible éxito.

El presidente Rodríguez Zapatero dio ayer muestras, en su declaración institucional, de ser consciente de la trascendencia del momento. Además de comprometerse a trabajar por el mayor consenso posible entre los partidos democráticos, hizo también una advertencia a quienes pudieran caer en la tentación de precipitarse en la búsqueda de resultados. Ambas cosas, consenso y tranquilidad, van a ser, en efecto, necesarias para sacar adelante un proceso del que nadie debería esperar réditos políticos en solitario.