El Gobierno vasco realizará «un seguimiento de las actividades» de las empresas que abandonen sus plantas en Euskadi y trasladen su producción a otras comunidades autónomas con el fin de comprobar que esa decisión no es consecuencia de «ayudas ilegales» otorgadas por otras regiones. Así lo anunció ayer la consejera de Industria, Ana Aguirre, quien sostuvo que endurecer los requisitos para la concesión de ayudas públicas a las compañías que se instalen en el País Vasco no es una fórmula adecuada para frenar la deslocalización.

Aguirre compareció en el Parlamento para informar, a petición del PSE, sobre el conflicto suscitado por la papelera Virtisú, que se propone cerrar su factoría de 'converting' -acabado final de los productos- en Zalla, que emplea a 64 trabajadores, y desviar su producción a Barcelona. Ese traslado de actividad coincide con los que realizan otras firmas -el de la multinacional L&P Springs, de Zamudio, fabricante de muelles para colchones y el sector del automóvil, es el más reciente-, lo que ha encendido las señales de alarma en las instituciones. Los diputados forales vizcaínos de Promoción Económica y Empleo, Ricardo Barainka y Julio Artetxe -ambos, de EA-, han defendido la conveniencia de adoptar medidas drásticas para evitar en el futuro fugas de este tipo; por ejemplo, endurecer las condiciones para que reciban ayudas o exigir la devolución de las percibidas si dejan Euskadi.

La consejera indicó que el Gobierno vasco siempre ha sido partidario de exigir «requisitos duros» a las empresas para la cesión de inmovilizados, pero precisó que han sido cumplidos sobradamente por Virtisú, ya que el plazo durante el que no podía disponer de los terrenos que le vendió era de tres años. Además, puso de relieve que el suelo en el que está ubicada la factoría de 'converting' -una de las dos que la firma tiene en Zalla- le fue vendido por la Seguridad Social -el Fogasa- en condiciones que desconoce; y que los propios trabajadores cedieron «por un precio simbólico» las instalaciones productivas -les fueron adjudicadas en su día a cambio de la deuda salarial contraída por la compañía- en la operación de salvamento del complejo papelero.

Encontrar una solución al problema socio-laboral planteado es una tarea que corresponde «básicamente» a las partes afectadas: empresa y trabajadores, indicó Aguirre. La aportación de su departamento -explicó- será colaborar a mantener el empleo y la actividad de cualquier proyecto que pueda presentarse.

Posible solución

Al respecto, rechazó comentar unas recientes declaraciones del diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, que apuntaban a que el problema está en vías de solución. El «optimismo» en estos casos es «obligado», se limitó a apuntar. Fuentes sindicales apuntaron que la salida por la que apuesta Bilbao puede estar relacionada con la aparición de un empresario del sector que se haga cargo de la planta de 'converting' cuando la abandone Virtisú, pero para ello deberá antes llegar a un acuerdo con Mercapital, accionista mayoritario de la papelera.

La consejera señaló que en la reunión que mantuvo el pasado 27 de febrero con Bilbao, Virtisú y el comité, la dirección de la empresa «garantizó» a los trabajadores la recolocación del 80% de los excedentes laborales por medio de una firma especializada. Según fuentes sindicales, se trata de Moa, la misma que se encargará de ese proceso en Fertiberia.

En cuanto a la posibilidad de que se esté utilizando un expediente de traslado para encubrir una reconversión de empleo, debido a las ventajas que la primera fórmula tiene para la empresa, la titular de Industria indicó que si existe «fraude de ley» es el fiscal quien debe dilucidarlo y pasar el asunto a la jurisdicción de lo social. La decisión del traslado, recordó, sólo puede ser impugnada por los trabajadores, mientras que el único recurso de la autoridad laboral es el retrasarla por seis meses.