Agobiado por las protestas indígenas contra la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que han bloqueado Ecuador, el Gobierno de Quito decretó el martes el estado de emergencia en cinco de las 22 provincias del país pero abrió la puerta a la posibilidad celebrar una consulta popular. «Invito al movimiento indígena a que reúna las firmas como establece la Constitución y proponga la consulta», dijo el nuevo ministro de Gobierno (Interior), Felipe Vega. Recoger 656.000 firmas -el 8 % del censo- y convocar la consulta llevaría tres meses.

Mientras, militares y policías han despejado algunas vías con maquinaria pesada de troncos, piedras y neumáticos quemados que bloqueaban desde hace una semana las comunicaciones terrestres y provocaron el desabastecimiento de combustibles y alimentos.

Decreto

El decreto que restringe indefinidamente los derechos ciudadanos y pasa el mando a los militares se impuso en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Imbadura, Cañar y en las poblaciones de Tabacundo y Cayambe, próximas a Quito. Según Vega, el «objetivo es garantizar la circulación de bienes y personas, y permitir el trabajo, que es un derecho de los ciudadanos».

Luis Macas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas ecuatorianas (Conaie) y líder de las marchas, encabeza a un millar de manifestantes que, apostados cerca de la sede del Gobierno, pretenden dialogar con el presidente Alfredo Palacios, quién afronta la peor crisis en sus once meses al frente del Ejecutivo. Las protestas responden a «intereses políticos» de Macas, que «quiere ser candidato a la vicepresidencia», señaló Vega.

Para el portavoz de la presidencia, Enrique Proaño, hay indicios de «intervención extranjera» que quiere «desestabilizar no solamente la democracia, sino también las instituciones».

El líder del Movimiento Pachakutik, el brazo político de la Conaie, Humberto Talagua, aseguró a Radio Centro que «no vamos a retroceder porque la mayoría del pueblo ecuatoriano está con nosotros, y lo vamos a ver en las calles». Luego añadió que «no queremos tumbar a ningún gobierno». Los indígenas piden que no haya «secretismo» en las negociaciones del TLC, cuya última ronda comienza hoy en Washington.