El anuncio de un alto el fuego permanente por parte de ETA no pilló ayer al Gobierno vasco con los deberes sin hacer. Su Consejo Político -formado por el lehendakari, Joseba Azkarraga y Javier Madrazo- había finalizado apenas veinticuatro horas antes la redacción del prometido plan de paz, como paso previo para constituir una mesa de partidos en ausencia de violencia. El núcleo duro del Gabinete de Juan José Ibarretxe considera «esencial» a las víctimas en el proceso de paz y propone un manifiesto contra la Ley de Partidos y por el acercamiento de presos.

En un momento en el que la iniciativa de paz la capitalizan el Gobierno central y la propia ETA, el Ejecutivo autónomo, mediante un Consejo Político pretende jugar un papel fundamental, junto a los partidos políticos, en el camino hacia la solución del denominado «conflicto vasco». La tregua ha dejado sin efecto el anuncio hecho recientemente por el lehendakari, para llevar en setiembre al Parlamento vasco una iniciativa «extraordinaria» si la organización no declaraba la tregua y el Gobierno central no modificaba su política penitenciaria.

El primer fruto del Consejo Político, el plan de paz, ha sido coordinado por el secretario general de la Lehendakaritza, Jesús Peña, y cuenta con aportaciones de diferentes departamentos del Gobierno vasco. El trabajo, al que este periódico ha tenido acceso en su totalidad, tiene 117 páginas y, en lo sustancial, no se ha visto afectado por el alto el fuego. La necesidad de algún retoque para hacer mención a la tregua ha obligado, eso sí, a Ibarretxe, Azkarraga y Madrazo a aplazar su presentación pública, prevista inicialmente para mañana, viernes.

El plan parte de «la diversidad de sufrimientos» como constatación objetiva. «Somos plenamente conscientes de que éste es un tema muy delicado. En nuestra sociedad existen todavía muchas heridas abiertas. Sin embargo, no estaríamos abordando bien este proceso si no partiéramos de esta constatación». Tras advertir que «nadie debe apropiarse de la causa de las víctimas», constata que «distancia, abandono, desinterés, justificaciones inauditas son algunos de los efectos perversos logrados por los criminales en su afán por eliminar a las víctimas y a su memoria».

Los redactores aseguran que «desde una perspectiva ética, queremos responder a sus demandas de justicia y, desde una perspectiva social, las víctimas son protagonistas irremplazables de los procesos de paz». «Reconocemos -añaden- el papel esencial de las víctimas en cualquier proceso de paz.». El plan no otorga papel político expreso a las víctimas, si bien sostiene que el final de la violencia «no podrá ser resultado de una transacción política que favorezca los objetivos totalitarios defendidos, con la utilización de la violencia, contra víctimas inocentes».

Reconciliación

El texto no elude el concepto de reconciliación. «No implica, como a veces se interpreta erróneamente, que la víctima tiene algún tipo de deber moral de reconciliarse con su agresor. Significará simplemente tratarse con respeto», señalan.

El plan alude a ETA para decir que se ha negado a sí misma el derecho a hacer política. Defiende no obstante elaborar un informe anual sobre la aplicación de las leyes antiterroristas, así como un manifiesto a favor del «pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos», en referencia implícita a la legalización de Batasuna. Propone una política penitenciaria «más respetuosa con los derechos humanos» e insta al Gobierno central a elaborar un plan de acercamiento de presos.