ETA ha dado el aldabonazo, largamente esperado, para iniciar un tránsito hacia la paz en Euskadi que, tal y como se ha cansado de repetir el presidente del Gobierno, resultará «largo, duro y difícil». Hoy arranca verdaderamente el posible «principio del fin» de la violencia, pero la pista de aterrizaje comenzó a sembrarse tiempo atrás, el 17 de mayo del pasado año. Ese día, en pleno debate sobre el Estado de la Nación, el Congreso de los Diputados aprobó una resolución, redactada mano a mano por el PSOE y el PNV y con el solitario rechazo de los populares de Mariano Rajoy, cuyo tercer punto facultaba al Ejecutivo para emprender una negociación con la organización terrorista si ésta expresaba su «clara voluntad» de deponer las armas. Por primera vez en democracia y tras varias tentativas fallidas de buscar una salida dialogada, el jefe del Gobierno español se dotaba de aval parlamentario para preparar el terreno ante un hipotético alto el fuego de ETA.

Ese acuerdo, inspirado en el espíritu del Pacto de Ajuria Enea que articuló durante una década la respuesta de las fuerzas democráticas vascas frente al terrorismo, da cobertura a José Luis Rodríguez Zapatero para encarar a partir de ahora el proceso de conduzca al desarme de la banda y la normalización del País Vasco, pero también fija los límites de la negociación: «las cuestiones políticas» las resolverán «únicamente» los partidos y, en consecuencia, la paz no tendrá ningún «precio» que pueda interpretarse como una cesión al «chantaje» de ETA. Con esos mimbres, Zapatero empezará a construir el cesto de la pacificación efectuando dos movimientos de aquí a verano.

Primero se concederá un tiempo para terminar de verificar la voluntad de la cúpula etarra y coseguir que su pronunciamiento gane credibilidad; aunque las situaciones no resultan miméticas, su antecesor en el cargo, José María Aznar, dejó transcurrir mes y medio tras la tregua declarada el 16 de septiembre de 1998 para autorizar oficialmente los contactos con el MLNV. El hecho de que la banda haya protagonizado en este momento, y no aún más tarde, el paso que se le exigía facilitará a Zapatero ajustarse a los plazos con los que jugaba su Gobierno y acudir con una declaración de intenciones al Congreso, previsiblemente en la última semana de junio.

La intervención del presidente cerrará del período de sesiones en la Cámara, lo que permitirá, por una parte, renovar la imagen de arropamiento que ya compuso con el apoyo de los nacionalistas vascos y el resto de grupos minoritarios a la resolución del pasado mayo y, por otra, soslayar hasta que transcurra el verano el férreo control en una cuestión tan sensible y espinosa al que le somete el PP en el hemiciclo cada semana. Ese Pleno marcará el inicio de una segunda fase que se atisba sumamente compleja, que se verá interferida por una convocatoria electoral cercana -las municipales de 2007- y que muy posiblemente se demorará hasta que se celebren otras dos citas trascendentales con las urnas, las generales de 2008 y las autonómicas vascas del año siguiente.

Regreso a la legalidad

Esa etapa se escenificará en un doble escenario: una mesa de negociación discreta Gobierno-ETA, que afrontará el desarme definitivo de la organización y las posibles vías de reinserción para sus alrededor de 670 presos; y una segunda destinada a buscar la normalización de Euskadi, en la que están dispuestas a sentarse todas las fuerzas vascas con la excepción, al menos por el momento, del PP. El impulso a ese esquema dual para una posible resolución -planteado por Batasuna en su manifiesto de Anoeta, aceptado por el PNV y el lehendakari y asumido por los socialistas vascos en su documento sobre pacificación- empezará a pergeñarse en paralelo al procedimiento para devolver a la legalidad a la formación abertzale y propiciar su regreso al terreno que históricamente le ha resultado más favorable, la contienda por el poder en los ayuntamientos vascos y navarros en mayo del próximo año.

Tras el fallido intento de Lizarra, en el que supeditó el alto el fuego a la concentración de fuerzas nacionalistas, ETA ha retomado esta vez a la vieja vía de la negociación con el Gobierno español, aunque desde una posición más débil que antaño y con una sociedad menos dispuesta, en apariencia, a ser generosa en la inmediatez con los reclusos etarras. Desacreditado entre la ciudadanía el esquemático modelo de 'paz por presos' -según lo atestiguan sondeos internos en poder de los socialistas desde hace meses- y forzado a extender la delicadeza para no ofender la memoria de las víctimas, el Gobierno afrontará un proceso de distensión con la banda en el que dosificará con cautela los gestos en política penitenciaria.

Y si éste será un camino arduo, no parece que vaya a serlo menos la configuración de la mesa de partidos, que revisará el actual modelo estatutario con la reivindicación del derecho a decidir y la eventual formulación sobre su reconocimiento y ejercicio que pueda explorarse situada en el corazón del debate. Los ritmos con los que las fuerzas vascas encaran el impulso del foro no van acompasados. Los socialistas no tienen prisa, persuadidos de que deben evitar cualquier sospecha de que el final del terrorismo pueda acabar cobrándose un precio político, mientras que gana fuerza la hipótesis de que Batasuna, sabedora de que sus reivindicaciones de máximos -la autodeterminación y la territorialidad- han quedado muy atemperadas, opte por concentrarse en recobrar fortaleza para presentarse a los comicios locales.