El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró ayer, tras el anuncio de alto el fuego permanente de ETA, que el Ministerio Público pedirá a los jueces que «valoren» la incidencia que puede tener «la nueva situación» en las decisiones que tengan que adoptar. Unas palabras rechazadas por la principal asociación judicial.

Conde-Pumpido resaltó en la Ser que «los vascos y todos los españoles llevan viviendo durante varias décadas con una amenaza pendiente y permanente y creo que, en este momento, se abre una esperanza. Eso nos permitirá contemplar todos los temas con la nueva perspectiva que se abre». El fiscal general apeló al respeto a las víctimas y a las decisiones que adopten tanto el Gobierno como el Parlamento tras este anuncio.

Asimismo, sostuvo que los fiscales harán llegar «a los magistrados que valoren lo que la nueva situación pueda tener de incidencia, sobre todo, cuando se trata de medidas de carácter cautelar, no de decisiones definitivas». Además, explicó que evaluará «esos acontecimientos con los fiscales competentes y con el fiscal en funciones de la Audiencia Nacional». «Mientras tanto -puntualizó-, seguimos con la prudencia».

«Criterios políticos»

Estas declaraciones no tuvieron una buena acogida en la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura. Su portavoz, Antonio García Martínez, afirmó que el anuncio de ETA «no aporta nada nuevo» porque «como jueces no nos conducimos con arreglo a criterios de oportunidad o políticos, sino que actuamos sometidos al imperio de la ley». «Este tipo de cosas no puede tener ninguna influencia ni condicionante ni determinante en el quehacer de los jueces», insistió.

En cuanto a las declaraciones del fiscal general del Estado, el portavoz de la APM estimó que Cándido Conde-Pumpido tendrá que explicar «el contenido de sus manifestaciones con detenimiento porque, desde luego, no encuentro explicación a lo que ha dicho». «Es evidente que sabe, igual que yo, que los jueces tenemos una obligación que es la de aplicar la ley y que, aunque quisiéramos hacer cualquier otra cosa, no podríamos», sentenció.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, consideró que el anuncio de ETA «tendrá poca repercusión para los jueces», que «seguirán persiguiendo los delitos que se han cometido». A su entender, el alto el fuego tendrá más influencia para el Estado porque «si lo que se desea hacer es un proceso de paz, que parece que es lo que la mayoría quiere en el Parlamento, en un futuro, cuando pasen unos meses, se podrán tomar una serie de medidas en materia de política penitenciaria o de derecho de gracia».

Por su parte, las asociaciones de fiscales sostuvieron que su labor «no debe verse afectada». Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que los fiscales de este tribunal son favorables a repetir el criterio seguido durante la tregua de 1998. Entonces, este organismo se mostró partidario de «dulcificar la política penitenciaria».