El secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, dijo ayer que lo que ETA debería anunciar es «su disolución y su desaparición». Martínez Camino hizo estas consideraciones durante una rueda de prensa, convocada para presentar el 'Anuario de la Iglesia', que se vio interrumpida por la noticia del comunicado de la banda terrorista. En una primera valoración, expresó también su satisfacción por que ETA haga pública su intención de no matar.

El portavoz del Episcopado señaló que «nos congratulamos» de la voluntad expresada en el comunicado de que ETA «no va a matar, ni a extorsionar, ni -suponemos- seguirá ejercitando acciones terroristas», pero, a renglón seguido, agregó que «nos parece poco. No es suficiente». Martínez Camino dijo que la banda «debería anunciar su desaparición y disolución, eso es lo que esperan los ciudadanos de bien». El secretario de la CEE abundó en que «ETA no puede poner precio de ningún tipo» a los derechos fundamentales de las personas y al funcionamiento de las instituciones democráticas, «que son a las que corresponde velar por el bien común en España».

Juan Antonio Martínez Camino recordó dos artículos de la instrucción pastoral 'Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias' -aprobada por la Asamblea Plenaria de los obispos en noviembre de 2002-, en la que la jerarquía sostiene que ETA no puede ser considerada «como interlocutor político de un Estado político».

El «valor del diálogo»

El artículo 40 de ese documento establece que, «ante cualquier problema entre personas o grupos humanos, la Iglesia subraya el valor del diálogo respetuoso, leal y libre como la forma más digna y recomendable, para superar las dificultades surgidas en la convivencia». «Al hablar del diálogo -añade- no nos referimos a ETA, que no puede ser considerada como interlocutor político de un Estado legítimo, ni representa políticamente a nadie, sino al necesario diálogo y colaboración entre las diferentes instituciones sociales y políticas para eliminar la presencia del terrorismo, garantizar firmemente los legítimos derechos de los ciudadanos y perfeccionar, en lo que sea necesario, las formas de organizar la convivencia en libertad y justicia».

El otro artículo citado por Martínez Camino, recalca que «la Constitución es hoy el marco jurídico ineludible de referencia para la convivencia» y que «pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder, local o de cualquier otro tipo, es inadmisible». El secretario portavoz de la Conferencia Episcopal finalizó reiterando la cercanía y solidaridad de la Iglesia católica española «con las personas que sufren y han sufrido con los crímenes y acciones terroristas de ETA, con sus asesinatos y sus amedrentamientos. La Iglesia está con las víctimas del terrorismo».

El Obispado de Zamora y los arzobispados de Barcelona, Santiago de Compostela y Zaragoza mostraron, igualmente, su satisfacción por el comunicado de ETA, aunque, en coincidencia con el discurso de la CEE, lo consideran insuficiente. Así, el Arzobispado gallego indicó que la sociedad española esperaba que la banda decidiese «su disolución y la entrega de las armas», y el catalán acogió el anuncio del alto el fuego con alegría, pero también con «cautela».

«Un primer paso»

La Confederación Española de Religiosos (Confer) manifestó, por su parte, su «profunda alegría» por el comunicado de la banda, que considera «un primer paso, no el definitivo, hacia la paz». La Confer alentó a «todos los servidores públicos a seguir dando pasos en la consolidación de esta paz que es un bien supremo», teniendo en cuenta, «en primer lugar, a las víctimas, de la violencia, su memoria y su dignidad». «La paz -añadió- no es sólo ausencia de violencia». Los religiosos españoles quieren «una paz sin condiciones, que anuncie el final definitivo de la violencia y la disolución de todos los grupos que sustentan el terrorismo y la extorsión y no respetan los Derechos Humanos».