El comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, cuestionó ayer la legalidad del decreto-ley aprobado por el Gobierno, que amplía los poderes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que este organismo pueda analizar la OPA de la alemana E.on sobre Endesa y, en su caso, vetarla. Ya es conocido el malestar que ha causado esta normativa en Bruselas, que está analizando si es contraria a la libertad de mercado con vistas a iniciar un procedimiento de infracción. Pero el hecho de que Almunia, que fue secretario general del PSOE y ministro en anteriores ejecutivos socialistas, advierta de que la regulación podría ser «discriminatoria» resulta especialmente significativo.
«Se pueden alegar razones de seguridad nacional, pero no puede haber discriminación de empresas. Eso es sacrosanto», apuntó el ahora comisario europeo en un encuentro con periodistas españoles. Aunque Aseguró entender que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero aluda a la defensa de los intereses del país para impedir la entrada de compañías extranjeras, anunció que que la Comisión «no comparte» esta postura. Es más, instó a Bruselas a actuar contra las medidas proteccionistas que están adoptando algunos países europeos. «Tiene que salir al paso» de estas trabas, apuntó.
Las declaraciones de Almunia coincidieron con la convalidación, por parte del Congreso, del decreto-ley investigado por la Comisión Europea. En el Parlamento, sin embargo, obtuvo un amplio respaldo con la excepción del PP, que reiteró su amenaza de presentar un recurso por inconstitucionalidad. Una vez recabado el apoyo de la Cámara, el ministro de Industria, José Montilla, anunció el envío inmediato de las explicaciones sobre esa normativa a Bruselas.
Retraso
El Gobierno español tendría que haberlo hecho el viernes de la semana pasada. Ese día finalizaba el plazo que le concedió el Ejecutivo comunitario. Sin embargo, se ha negado a dar ese paso hasta que el Congreso convalidara la regulación. «A quien nosotros nos debemos en primer lugar es al depositario de la soberanía nacional, que es esta Cámara», explicó Montilla. En su opinión, el apoyo recabado en el Parlamento «pone en evidencia, sobradamente, la urgencia de estas medidas y su necesidad».
También este «urgencia» de actuar le sirvió de argumento para justificar que la reforma haya sido adoptada mediante real-decreto, un procedimiento que es muy rápidos pero que impide introducir modificaciones en el Parlamento. Montilla evitó en todo momento vincular estos cambios normativos a la irrupción de E.on en la puja por Endesa. Sin embargo, la diputada socialista Arantza Mendizabal reconoció que la premura del Gobierno «se debe sin duda a operaciones en curso»; es decir, a la oferta de la compañía alemana.
El responsable económico del PP, Miguel Arias Cañete, criticó con dureza las nuevas potestades de la CNE y acusó al Ejecutivo de estar empeñado en sacar adelante a toda costa la OPA de Gas Natural sobre Endesa . Por contra, los portavoces de PNV, CiU, ERC y BNG urgieron al Gobierno a seguir defendiendo los intereses nacionales ante la UE, aunque lamentaron la falta de debate y la improvisación con que se han impulsado los cambios.
El Congreso también convalidó la reforma del mercado mayorista de la electricidad, que tiene por efecto reducir el déficit de tarifa. Montilla aseguró que estas medidas ya han permitido una caída del precio del megavatio.