El Gobierno de Bolivia sabe que el plan de nacionalización de los hidrocarburos entra en una «etapa tremendamente difícil», pero presenta batalla para recuperar el control sobre los recursos naturales. Quiere subir el precio del gas a estándares internacionales y si Repsol YPF o cualquier otra petrolera se niegan y recurren a arbitrajes internacionales, suspenderá las negociaciones de nuevos contratos con estas empresas.

Si no puede con ellas, una empresa estadounidense, las Shaw Group, ha ofrecido establecer una sociedad con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para explorar nuevos campos de hidrocarburos e industrializar el gas.

El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, acusó a las petroleras de «recurrir a presiones» para que Bolivia, la segunda reserva de gas de Sudamérica, no les suba el precio del gas de exportación. «Todos son maravillosamente amigos hasta que se les toca el bolsillo y se les dice que nos tienen que aumentar el precio», dijo Soliz. Y añadió: «La característica de Brasil y la Argentina es que nos ofrecen todo, pero a futuro; pero, por ahora, (dicen) pagaremos un precio solidario». Ambos países han adelantado que no están dispuestos a pagar más por el gas boliviano, a pesar de que cuesta menos que la mitad del valor que se cotiza en Estados Unidos.

Impuestos

Según Soliz, tanto Repsol YPF, como la empresa Chaco, del grupo British Petroleum, y Pluspetrol pagan los nuevos impuestos pero mantienen la amenaza de recurrir al arbitraje internacional. «Nosotros tenemos una respuesta para estas empresas: Señores, después de la nacionalización vamos a entrar a negociar los contratos, pero, si alguna de estas empresas recurre a un arbitraje, el Gobierno boliviano no va a negociar», dijo.

Por otro lado, Andina, la filial boliviana de Repsol, tiene nuevo presidente desde el viernes, cuando el español Luis García Sánchez asumió el cargo al que renunció Julio Gavito, para defenderse de una acusación de contrabando de petróleo.