Las víctimas de ETA más reacias a transigir con una posible negociación que conduzca al cese definitivo de la violencia proporcionaron ayer un valioso balón de oxígeno al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para encarar el camino hacia la paz. Once organizaciones, encabezadas por la mayoritaria AVT y secundadas por los afectados vascos agrupados en Covite, han aprobado un documento que modula su hasta ahora postura contraria a la estrategia del Ejecutivo, al asegurar que, aunque el alto el fuego permanente de la banda no constituye 'per se' «el final del terrorismo», sí «puede ser el punto inicial de un proceso que conduzca» hacia él. Los firmantes combinan esa nueva expectativa con la advertencia de que el Estado de Derecho debe evitar «la impunidad» de los etarras y un llamamiento a la «unidad» del PSOE y el PP bajo el paraguas del Pacto Antiterrorista.

El escueto acuerdo de las víctimas, que adelantaron al viernes -el primer día del alto el fuego- una reunión prevista para abril, se produce en vísperas del cara a cara que el presidente del Gobierno mantendrá el martes en La Moncloa con Mariano Rajoy, quien ha atemperado también las críticas de los populares al Ejecutivo. Hace ahora justo un mes, la AVT congregó a decenas de miles de personas en Madrid para oponerse a cualquier hipotética negociación de los socialistas con ETA. Aquella marcha, la segunda convocada en apenas medio año, ahondó el distanciamiento entre sus promotores y el Gobierno de Zapatero, pero también alentó la amenaza de cisma entre las propias víctimas; algunas muy significativas salieron por primera vez a defender la estrategia del presidente.

El pasado miércoles, la AVT respondió al alto el fuego de ETA interpretándolo como «un chantaje en toda regla»; el comunicado aprobado ahora se ajusta más al tono mesurado con que reaccionó Covite ese mismo día. «Queremos estar vigilantes para no ser también víctimas de la paz y mantener la coherencia de nuestros principios, pero con un mensaje constructivo, no a la contra», sintetizó en declaraciones a este periódico la portavoz de la asociación vasca, Cristina Cuesta; hoy se cumplen 24 años desde que ETA asesinó a su padre. Esas mismas víctimas, deja sentado el acuerdo divulgado ayer, son «las mayores interesadas» por su propio «sufrimiento» en que el terrorismo «acabe definitivamente en España».

Para los firmantes, el alto el fuego, sin resultar concluyente, sí «puede ser, sin embargo, el punto inicial de un proceso que conduzca al final del terrorismo», lo que dependerá del «acierto del Gobierno» para avanzar hacia «la victoria de la sociedad democrática» sobre ETA. Un objetivo en el que reclaman «unidad» a PSOE y PP y «firmeza» al Estado de Derecho para evitar «la impunidad» y también la «frustración de las aspiraciones» de los damnificados, que velarán por la búsqueda una paz con «memoria, dignidad y justicia». El texto lleva la firma, además de la AVT y Covite, del Foro Ermua; de las fundaciones Blanco, Muñoz Cariñanos, Tomás Caballero, Gregorio Ordóñez, Manuel Broseta y Jiménez Becerril; de la agrupación Verde Esperanza; y de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

Malestar de Manjón

El presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, precisó después que la complicidad de socialistas y populares constituye la garantía de que la paz no tendrá precio e incidió en que el final del terrorismo debe tener «vencedores y vencidos», aunque el tono de su discurso se suavizó. Los impulsores del escrito recibieron, no obstante, el molesto reproche de Pilar Manjón -rostro visible de las víctimas del 11-M-, quien lamentó no haber sido convocada para rubricar el texto y «hacer bandera» de la unidad de los afectados.

El periodista Gorka Landaburu, crítico con la actitud de la AVT, no quiso incidir en las diferencias y se felicitó de que los firmantes «vean la realidad de los hechos» y coadyuven «al reto de buscar la paz y la libertad».