ERC ha exigido a decenas de empleados de la Generalitat, a través de cartas, el pago de una cuota mensual a una entidad vinculada al partido independentista, la Fundación Josep Irla, bajo amenaza de despido. ERC ejercería presiones a trabajadores de distintos departamentos de la Generalitat que no son funcionarios públicos, buscando con el pago de esta cuota mensual financiar sus actividades partidistas.

Las misivas han sido enviadas a cargos políticos de la Generalitat de primer y segundo nivel y también a personal laboral que presta sus servicios en las consejerías gobernadas por los independentistas. Algunas personas presionadas trabajan con contratos de obra o bajo régimen de personal laboral. Las cantidades exigidas por Esquerra varían entre el 4% y el 24% del salario: el 4% para los empleados con ingresos mensuales de 1.327 euros, y el 24% a quienes cobran más de 9.000 euros, fundamentalmente, consejeros del Gobierno catalán.

Las cartas remitidas por ERC informan a sus destinatarios de que «uno de los recursos financieros del partido son las aportaciones económicas de todos sus cargos públicos electos o designados por Esquerra Republicana». El aspecto más polémico del asunto es que las misivas, firmadas por el secretario de Organización de ERC, Xavier Vendrell, un antiguo activista vinculado al independentismo radical y al grupo terrorista Terra Lliure, también han sido recibidas por muchos trabajadores sin relación con la formación republicana. El texto advierte a quienes no quieran contribuir a la financiación de la Fun- dación Josep Irla de que serán destituidos inmediatamente.

El 'conseller primer' de la Generalitat y dirigente de ERC, Josep Bargalló, achacó a un «error» el envío de cartas a trabajadores de la Generalitat que no sean «cargos políticos». Explicó que tal exigencia «en ningún momento puede ir dirigida a alguien que fue funcionario o que actúe como funcionario, porque sólo está pensada para personas que ostentan un cargo de responsabilidad política, y esta responsabilidad política es eventual y ha sido ofrecida por ERC por ser militante o próximo».

«Escandaloso»

Bargalló dijo que «no es verdad» que cargos públicos del partido no se hayan puesto al corriente de sus obligaciones, e indicó que la obligación de esta cuota sólo se ha recordado a personas que los órganos del partido consideraban comprendidas en la Carta Financiera de ERC. «Si una persona es nombrada consejero de un Gobierno con unas condiciones y esta persona no quiere cumplir las condiciones, es normal que el partido le diga que le retira la confianza», puntualizó.

El 'conseller primer' desmintió que se hayan producido despidos por no pagar la cuota, y atribuyó la información a presiones para hacer cambiar la postura de ERC sobre el Estatuto. Advirtió de que se equivoca quien crea que «calumniando a ERC, acusándole de un comportamiento coherente con sus propias normas, la atemorizará y hará cambiar sus posturas».

El presidente del PP catalán, Josep Piqué, calificó de «escandaloso» e «inmoral» este caso, mientras que el coordinador del Área Pública de CC OO, Joan Carles Gallego, anunció que pedirá «explicaciones» sobre el pago de esta cuota al consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, el republicano Joan Carretero. Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Cataluña, Ramón Cebrián, calificó de «chantaje» la actuación de ERC e instó a «los trabajadores amenazados» a denunciar los hechos al sindicato para que éste pueda exigir responsabilidades.