Tiempo hace ya que nuestros queridos dirigentes y opositores nos vienen obsequiando con dispares criterios en temas controvertidos. Nos saturan de desasosiego y confusión y dudamos ya incluso de lo evidente. Hay sin embargo un asunto en el que, créanme, existe absoluto consenso. Ni confrontación ni votación. Se trata del agravio comparativo que, en igualdad de condiciones, reciben pensionistas jubilados 'forzosos', que lo fueron antes de 2002, con menos de 65 años. Vease Pacto de Toledo. Pues bien, desde entonces, año tras año, los distintos gobiernos nos abrían dulces expectativas, machaconamente y a través de los medios, sobre su 'intención' de corregir estas situaciones evidentemente injustas. Luego se producía el natural silencio y a esperar un nuevo año. Las hemerotecas están para comprobarlo. Por fin, el pasado 23 de febrero el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales llevó este asunto a la mesa de Diálogo Social. Y aquí está la cuestión: si todos los partidos políticos consideran justa y lícita esta proposición; si todos los sindicatos lo aprueban; si 'todo el mundo' está igualmente en línea con la legitimidad de nuestra reiteradísima reivindicación... ¿Cuánto tiempo más debemos esperar los afectados para que nos sea hecha efectiva la mencionada proposición?