La convocatoria urgente de la V Asamblea de Etxerat -la organización de familiares de presos de ETA- se convirtió ayer en Biarritz en un acto que trató de asegurarse la cohesión de un sector especialmente sensible para la izquierda abertzale ante lo que pudiera convertirse en un 'proceso de paz'. Para quienes semanalmente movilizan a los familiares de presos y así contribuyen a mantener a estos dentro de la disciplina de la banda, la viabilidad del proceso de paz estaría condicionada por los beneficios penitenciarios y penales que pudieran aplicarse en lo inmediato. Sin embargo parece evidente que el orden de los factores es el inverso. Mientras el «alto el fuego permanente» anunciado por ETA no llegue a acallar las armas y a hacer desaparecer la coacción violenta para siempre, será difícil que la sociedad y las instituciones cuenten con argumentos para mostrarse magnánimos con los condenados por terrorismo. Contra lo que los dirigentes de la izquierda abertzale y los encargados de encuadrar a presos y familiares acostumbran a denunciar, los presos de ETA no están siendo rehenes del Estado de Derecho ante la eventual apertura de un proceso de paz. Simplemente, han sido juzgados y condenados por execrables delitos por tribunales, ante los cuales han comparecido con todas las garantías. Si hubiese que hablar de rehenes, lo serían de la propia trama etarra en cuyo discurso ocupan un papel justificatorio, representando un rol nuclear en la motivación continuista de un mundo tan sectarizado.

El ritualizado desfile de fotos de presos en manifestaciones y carteles y el testimonio que prestan sus familiares se fundamentan en una concepción tan victimista como hiriente de la misión que cumple cada activista de ETA. El activista etarra preso sería el soldado sacrificado al servicio de una causa ineludible; de forma que sus actos no podrían ser objeto de reproche alguno y mucho menos causa de una condena penal. Será imposible que la sociedad democrática contemple la posibilidad de que se apliquen beneficios penitenciarios a los presos de ETA mientras esos cientos de condenados por centenares de delitos de sangre se crean exonerados de toda culpa porque así deseen verlos sus familiares y así necesite presentarlos la izquierda abertzale. Estos días, en los que se habla de «mutua generosidad» para que el camino hacia la paz se vuelva irreversible, conviene recordar que sólo la asunción del mal causado puede conducir al reconocimiento de los presos más allá de su consideración como penados. La obligación normalizadora del Estado de Derecho no es otra que la de hacer cumplir las sentencias de los tribunales, contemplando lógicamente las redenciones ordinarias de que cada preso pudiera ser merecedor. De igual modo, la deseable mejora de las condiciones carcelarias -incluida la proximidad del interno a la familia o a su lugar de origen- debería inscribirse entre los cometidos ordinarios de las autoridades penitenciarias. Resulta inadmisible que sean precisamente los condenados por terrorismo quienes reivindiquen un papel estelar, dispuestos a condicionar su final definitivo. A no ser que, desde el reconocimiento del terrible daño provocado, ese protagonismo se dirija a urgir a ETA para que cuanto antes convierta su «alto el fuego permanente» en acta de autodisolución.