En una nueva vuelta de tuerca al estrecho marcaje al que le está sometiendo, la Comisión Europea ha advertido a España contra cualquier tentación de obstaculizar la OPA lanzada por el gigante alemán E.on sobre Endesa. La comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, envió el pasado viernes una carta al Gobierno en la que le comunica que debe notificarle, con carácter previo, cada medida que vaya a adoptar y que pueda incidir en esa operación para que Bruselas determine si respeta la legislación de la UE.

El Ejecutivo comunitario prepara un procedimiento de infracción contra España por considerar que los nuevos poderes otorgados a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para frenar a E.on vulneran los derechos de libre movimiento de capitales y libertad de establecimiento, consagrados por el Tratado de la Unión. Con el decreto-ley aprobado en febrero por el Consejo de Ministros, la oferta tendrá que pasar el filtro de ese regulador, que incluso podrá vetarla. A esa iniciativa, en la que trabaja el comisario del Mercado Interior, Charlie McCreevy, se une un nuevo frente abierto con los servicios de la Competencia, que reclaman para sí el análisis de la propuesta del grupo germano por tratarse de una fusión de rango comunitario.

La normativa de la Unión permite a los socios de la UE limitar las disposiciones de los tratados para defender así el interés general. Este concepto aparece en el artículo 21 del Reglamento sobre Concentraciones, junto con la pluralidad informativa y la supervisión financiera. Sin embargo, cuando se invoca debe realizarse en estricto respeto del Derecho comunitario y obedecer también al principio de proporcionalidad: las medidas tienen que estar ajustadas al objetivo que se declara perseguir. El vicepresidente Pedro Solbes sostuvo ayer en Madrid que el Gobierno ha procedido a reforzar los poderes de la CNE por razones de interés general. La seguridad del suministro es uno de los principales argumentos que ha esgrimido ante Bruselas.

Respetar la legislación

El portavoz de la Competencia, Jonathan Todd, reconoció que el Ejecutivo español puede invocar ese principio. Pero subrayó que, en ese caso, deberá demostrar que las medidas que adopta apoyándose en él son proporcionadas y respetan de forma escrupulosa la legislación comunitaria, incluida la libertad de establecimiento y de prestación de servicios, y la no discriminación por razones de nacionalidad.

Para garantizarlo, la misiva de Kroes emplaza a las instituciones españolas a enviarle previamente cualquier iniciativa que se plantee aprobar y que afecte a E.on. La carta no forma parte de ningún procedimiento administrativo, ni requiere de contestación. La Comisión dictaminará sobre la OPA el 25 de abril próximo.

Mientras, continúa el debate en Francia sobre la eventual OPA de Enel sobre Suez. Ayer se supo que la empresa francesa ha reclamado la intervención de la UE, al entender que la eléctrica italiana no es un competidor leal en el mercado comunitario. Suez señala en un comunicado que «el Estado italiano dispone de derechos exorbitantes sobre Enel, destinados a prevenir cualquier cambio en el control del capital de esta empresa».