Trabajadores de la Generalitat, afiliados o próximos a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), han recibido un requerimiento del partido en el que se les exigía la entrega de hasta un 20% de su salario a modo de cuota para contribuir a financiar a la organización bajo la amenaza de perder el empleo. La medida es ulterior a una modificación del reglamento interno de la formación que lidera Carod Rovira, y el cambio permite a la dirección del partido expulsar y destituir a sus altos cargos en la Administración pública que incumplan la obligación de aportar sus cuotas según la forma establecida. El asunto ha suscitado comprensibles críticas después de que se supiera que entre los destinatarios de las cartas figuraban también simples funcionarios junto a cargos de confianza en el Gobierno de la Generalitat nombrados por decisión de Esquerra.

Nada hay que objetar a que los partidos exijan a sus afiliados que cumplan determinadas obligaciones, y aun sería encomiable que las fuerzas políticas prodigaran estas exigencias en lugar de tratar de conseguir recursos por vías con frecuencia subrepticias. Pero en este caso la avidez ha traicionado a la dirección de ERC, ya que los ciudadanos han podido percibir un intento de irregularidad administrativa en forma de concesión de cargos a cambio de dinero.

La financiación de las organizaciones políticas es en este momento fundamentalmente pública, aunque las crecientes exigencias de gasto interno de estos colectivos convierten esas asignaciones presupuestarias en crónicamente insuficientes. El modo en que los partidos sufragan sus gastos es un asunto aún no resuelto en España, algo que resulta especialmente preocupante porque ha provocado en el pasado reciente graves escándalos. Es esencial que las formaciones parlamentarias consigan el consenso necesario para perfeccionar el modelo vigente. Pero, entretanto, conviene atajar la sospecha de prácticas de apoderamiento desde el Gobierno de Cataluña de una parte del empleo público para utilizarlo en estrategias clientelares y de financiación particular. El hecho de que se puedan establecer conjeturas razonables sobre la utilización de estas informaciones por parte de adversarios políticos como munición en la lucha por el poder no resta un ápice de gravedad a los hechos conocidos. Sólo una investigación de oficio, como ha planteado CiU, puede llevar la tranquilidad a la opinión pública.