Los enfrentamientos dialécticos entre Esquerra Republicana y sus dos socios de gobierno, el PSC e Iniciativa, y CiU sobre el supuesto envío de cartas de los republicanos a empleados de la Generalitat para reclamar el pago de cuotas bajo amenaza de despido se reavivaron ayer. Mientras socialistas, nacionalistas y ecosocialistas pidieron explicaciones a ERC, los dirigentes independentistas negaron la existencia de irregularidades.
El portavoz parlamentario del PSC, Miquel Iceta, consideró que Esquerra «debe dar una explicación a los ciudadanos», y rechazó la existencia de una «conspiración maligna» contra ERC por su oposición al texto estatutario, como sostienen algunos de sus dirigentes. .
Mucho más duro fue el líder de CiU, Artur Mas, que acusó a los republicanos de «intentar controlar y patrimonializar la Administración pública» catalana y de haber cometido «irregularidades flagrantes que son demostrables». Mas denunció el «sectarismo y afán de control» de ERC, y no dudó en calificar de «extorsión» las supuestas irregularidades denunciadas. A su vez, el portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, pidió «que se separe cautelarmente» al secretario de organización de ERC, Xavier Vendrell, que firmaba las cartas enviadas a cargos públicos y, supuestamente, a empleados de la Generalitat.
Uno de los más críticos fue el presidente de ICV y conseller de Relaciones Institucionales, Joan Saura, que insistió en reclamar la dimisión de Vendrell como secretario general del conseller primer, cargo que compatibiliza con el que ocupa en ERC. «No es correcto que la misma persona que en el Gobierno tiene responsabilidades de contratación haga la carta del partido. No sé si es incompatible legalmente, pero creo que moral y políticamente sí lo es». Saura fue más lejos y aseguró que «la capacidad de autodestrucción de las cosas positivas de este gobierno es ilimitada».
Contraataque
Ante la oleada de críticas, ERC recurrió a la vieja máxima de que la mejor defensa es un ataque. Su secretario general, Joan Puigcercós, acusó a Saura de ser un «irresponsable», y recordó que hay cuatro personas de su familia con cargos públicos. Y «acumular cuatro cargos en una familia no le deja en condiciones de dar lecciones», sentenció. Además, exigió «la misma prudencia y respeto que manifestó ERC» hacia ICV cuando se hizo público el viaje familiar en helicóptero de uno de sus dirigentes, el titular de Vivienda Salvador Milà.
Por su parte, Xavier Vendrell, defendió el cobro de cuotas a los cargos de designación política, aunque no sean militantes, como única vía para «ser libres» de los «poderosos» y evitar «presiones de grandes empresas» que, según dijo, se dan en otras formaciones.
Vendrell reconoció que se han mandado cartas a 209 cargos «comprometidos con el proyecto de ERC», y aseguró que «no se ha pedido a ningún telefonista ni administrativo» de la Generalitat que entregue al partido independentista parte de su sueldo. Vendrell garantizó la transparencia del sistema de financiación de ERC, aprobado en 1998, y que «hasta ahora nadie había recriminado».