El Tribunal de Apelación de Pau (suroeste de Francia) ha autorizado la extradición del ex dirigente de los extintos Comandos Autónomos Joxean Zurutuza Sarasola por un asesinato cometido hace un cuarto de siglo en Guipúzcoa. El fallo, que ratifica una precedente decisión tomada en Burdeos y anulada por la Corte de Casación (Supremo), considera interrumpida la prescripción del crimen tras analizar la jurisprudencia española, como había ordenado el alto tribunal galo.

El pasado 22 de setiembre el Tribunal de Apelación de Burdeos había autorizado la extradición de Zurutuza (Ibarra, 1961) por el asesinato del director de la empresa Moulinex José María Félix Latiegui Balmaseda, perpetrado el 14 de abril de 1981 en Usurbil. Los jueces bordeleses aplicaron el Convenio de Dublín, en vigor en Francia desde el 1 de julio, que estipula que no se podrá denegar una extradición por el motivo de que los hechos hayan prescrito con arreglo a la legislación del país requerido (Francia, en este caso) si no han caducado en el Estado solicitante (España).

Esta regla europea favorece los intereses españoles ya que, en la práctica, duplica los plazos de vigencia de los crímenes: de diez años en Francia a veinte en España. Su aplicación va a permitir el trámite de extradiciones por atentados mortales cometidos hace más de 20 años, casi todos los no amnistiados.

Pero el pasado 4 de enero la Corte de Casación, a instancias de la defensa, desautorizó a los jueces de Burdeos por haber endosado en exclusiva a las autoridades judiciales españolas la potestad de apreciar la prescripción. Por consiguiente, el alto tribunal envió el caso al tribunal de Pau para que comprobara, a la luz del derecho español, si la prescripción se había producido o había sido interrumpida regularmente.

Los jueces de Pau dedican tres de las trece páginas de su veredicto a subsanar esa deficiencia. Tras un análisis pormenorizado de siete actos judiciales españoles, llegan a la conclusión de que un auto emitido por la Audiencia Nacional el 16 de febrero de 1995 interrumpió el plazo de prescripción de 20 años desde la fecha de comisión del asesinato, en 1981.

El fallo también establece que la adquisición por Zurutuza de la nacionalidad francesa mediante matrimonio en fecha posterior a los hechos no constituye un obstáculo a su extradición. El reclamado está encarcelado en la prisión de Gradignan, a las afueras de Burdeos.