El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó ayer durante noventa minutos los argumentos que le permitirán decidir hasta dónde llega la autoridad del presidente, George W. Bush, con respecto a los detenidos de Guantánamo. El hombre que reta su legitimidad para ordenar tribunales militares se llama Salim Ahmed Hamdan, chófer o guardaespaldas de Osama bin Laden, según se hable con la Defensa o el Gobierno.

El yemení de 36 años tiene mujer y dos hijos, a los que no ha visto desde su detención en 2001, cuando los soldados del antiguo rey afgano Zahir Shah buscaban árabes para vender a los estadounidenses, que pagaban una recompensa mayor por sospechosos de Al-Qaida.

Trabajaba en su país esporádicamente como taxista y conductor de autobuses. A principios de los 90 fue reclutado para ayudar a la reconstrucción de Tayikistán tras la retirada soviética. Cinco años después, frustrado con la tarea, decidió volver a casa a través de Afganistán, pero por el camino se encontró con la oferta para trabajar con «un hombre muy rico» llamado Osama bin Laden. Al principio trasladaba jornaleros agrícolas desde su finca en el sur de Afganistán hasta su mansión de Kandahar. Luego, obreros de sus proyectos de reconstrucción, y al final, esporádicamente, al propio multimillonario saudí.

Ganarse la vida

Hamdan asegura que sólo se ganaba la vida como empleado y niega haber pertenecido a Al-Qaida. Por su parte, el Gobierno americano cree que era guardaespaldas y asistente personal del líder de la banda terrorista, para el que trasladaba armas, supervisaba convoys y conspiraba en la preparación de atentados terroristas.

En Guantánamo ha pasado dos de sus cuatro años en aislamiento, con apenas una hora, tres días a la semana, para hacer ejercicio, siempre de noche. La presentación de cargos contra él ante un tribunal militar le permitió recibir la visita de un abogado militar de oficio, que, con la extraña alianza de un profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, ha llevado el proceso hasta el Supremo.

El comandante lugarteniente Charlie Swift y el profesor Neal Katyal consideran que el tribunal militar designado por el presidente para juzgar a los «combatientes enemigos» viola los derechos más básicos de su defendido, que debería tener acceso a un juicio civil en los tribunales federales. Entre otras cosas, el Gobierno alega que le ampara la ley aprobada por el Congreso en diciembre pasado para impedir el acceso de los detenidos de Guantánamo a los tribunales estadounidenses. Ley que para los abogados defensores carece de valor retroactivo.