La comparecencia hoy de Arnaldo Otegi ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska una semana después de que ETA anunciase que iba a decretar un alto el fuego permanente, provocó ayer una cascada de declaraciones en la que también tomó parte el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López. El líder del PSE-EE afirmó que «todo el mundo» entendería que los tribunales aplicasen «medidas de flexibilidad siempre que no se incurra en el no cumplimiento de la ley».

El magistrado citó al portavoz de la formación ilegalizada el pasado día 13 como inductor de los incidentes acaecidos cuatro días antes -incluidas varias bombas de ETA- durante una huelga convocada por la izquierda abertzale. Otros dos acusados, Juan Joxe Petrikorena y Juan Mari Olano, ingresaron en prisión. Sin embargo, una neumonía de Otegi ha retrasado su comparecencia hasta hoy. En este 'impasse' ha llegado la declaración de alto el fuego. El pasado miércoles, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmó que los jueces deben «valorar» la nueva situación tras la declaración de ETA, aunque el Ministerio Público sigue solicitando para Otegi su encarcelamiento.

En este contexto, Patxi López sostuvo ayer que en un Estado de Derecho es a los jueces a quienes corresponde aplicar la ley y que «de ninguna manera quisiera condicionar» su actuación con sus declaraciones. No obstante, añadió que «nadie debiera ser ajeno al nuevo tiempo» que se ha abierto, y que si hay medidas que se pueden aplicar «con flexibilidad, siempre que no se incurra en el no cumplimiento de la ley», debe hacerse. «Por ejemplo, medidas cautelares que podrían estar bien aplicadas hace unos días, en este momento se podrían aplicar con más flexibilidad», agregó en una entrevista en Radio Euskadi.

Desde el PP, su secretario general, Carmelo Barrio, acusó a López de «rendirse» a las pretensiones de Otegi y de perder la «perspectiva de un demócrata». En la polémica terció el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien únicamente afirmó que el Gobierno observará «cómo actúan las instituciones del Estado de Derecho bajo el imperio de la ley».

Homogeneizado

El Gobierno vasco también se refirió a la comparecencia de Otegi. Su portavoz, Miren Azkarate, insistió en que su ingreso en prisión sería una «irresponsabilidad» porque, a su juicio, todo el mundo sabe que se trata de uno de los interlocutores políticos del tiempo que se abre en Euskadi.

Más dura aún fue la valoración hecha desde la propia Batasuna. Pernando Barrena dejó claro que el encarcelamiento de Otegi sería «inaceptable e incomprensible desde la puesta en marcha de un proceso de diálogo y de soluciones». «No nos creemos que un Estado entre en una apuesta de este calibre sin hacer una labor de homogeneización de sus aparatos. No pensamos que haya jueces que funcionen por libre», afirmó Barrena.

La posible entrada en la cárcel de Otegi también fue rechazada por otros partidos, sindicatos y asociaciones como Ezker Batua, Aralar, ELA, EHNE o Askatasuna.