El PP quiere que el Gobierno aclare la próxima semana ante el Pleno del Congreso qué medidas piensa adoptar en relación con el Ayuntamiento de Marbella tras la operación anticorrupción que se ha saldado con la detención de una veintena de cargos municipales, incluyendo a la alcaldesa.

Así, el Grupo Popular aprovechará la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles, la última antes de Semana Santa, para pedir explicaciones al Ejecutivo.

La pregunta será formulada por la diputada Angeles Muñoz, que fue candidata del PP a la Alcaldía de marbella , y se plantea a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, si bien el Ejecutivo tiene potestad para decidir quién contesta.

El Ejecutivo actuará con rotundidad

La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, ha dicho que el Ejecutivo actuará "con total rotundidad conforme a lo establecido en la ley", cuando se confirmen los posibles delitos de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella después de las investigaciones policiales y judiciales.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y a preguntas de los periodistas, la vicepresidenta se refería así a la situación creada en Marbella tras la detención de 23 personas, entre ellas la alcaldesa, por su presunta implicación en casos de corrupción urbanística. Negó que el asunto haya sido estudiado en la reunión del Consejo de Ministros de hoy y quiso transmitir a la ciudadanía "un mensaje claro de seguridad, tranquilidad y funcionamiento de las instituciones en nuestro Estado de derecho".

Rechazó tomar decisiones "con precipitación" y hacer "declaraciones altisonantes" y precisó que el Gobierno va a trabajar "con rigor y responsabilidad". Fernández de la Vega aseguró que el Gobierno confía "total y absolutamente" en el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en la acción de la Justicia, a los que "es preciso dejarles trabajar, para que puedan culminar su tarea en esta primera fase" y "poder tener datos de que esos indicios (de corrupción) que se plantean son reales".

Destacó que, posteriormente, "cuando haya un pronunciamiento judicial, indicios de que hay posibles delitos, el Gobierno va a actuar con total rotundidad conforme a lo establecido en la ley, primero para perseguir a los delincuentes y para que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos".

Descartadas las elecciones anticipadas

El Gobierno no descarta promover la disolución del Ayuntamiento de Marbella, pero ya ha desechado la idea de convocar elecciones extraordinarias ya que, según fuentes del Ejecutivo y según las previsiones legales, no habría tiempo dada la proximidad de los comicios municipales previstos para mayo de 2007.

El artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que el Consejo de Ministros puede acordar, "a través de un Real Decreto", la disolución de una corporación "a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado" en el supuesto de "gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".

Una vez acordada la disolución el Ayuntamiento, la Ley de Régimen Electoral determina en su artículo 183 que deberán convocarse elecciones parciales para constituir una nueva corporación "dentro del plazo de tres meses, salvo que por la fecha en que ésta debiera constituirse el mandato de la misma hubiese de resultar inferior a un año".

Para este supuesto, la Ley de Régimen Electoral General establece que "mientras se constituye la nueva corporación o expira el mandato de la disuelta, la administración ordinaria de sus asuntos corresponderá a una comisión gestora designada por la Diputación Provincial o, en su caso, por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente cuyo número de miembros no excederá del número legal de miembros de la corporación", mientras que "ejercerá las funciones de alcalde o presidente el vocal que resulte elegido por mayoría de votos entre todos los miembros de la comisión".

Dadas estas previsiones legales, el Gobierno opta por esperar qué dictamina la Justicia y, una vez que haya una decisión judicial, el Gobierno "aplicará las previsiones de la ley", según las citadas fuentes. Si finalmente el Ejecutivo opta por la disolución, la gestora designada por la Diputación Provincial de Málaga se encargaría de asumir la gestión de los asuntos de Marbella hasta los comicios ordinarios de mayo de 2007.