La asamblea de trabajadores de Babcock decidió ayer presentar demandas judiciales para exigir el retorno de la plantilla al sector público, la reanudación de movilizaciones y el mantenimiento de nuevos contactos institucionales. El acuerdo supone la victoria de la estrategia defendida por los sindicatos ELA, LAB y ESK, junto a un sector de afiliados de UGT, que creen necesario incrementar la intensidad de las reclamaciones de la plantilla ante una situación de crisis prolongada.

La medida fue recibida con evidentes síntomas de contrariedad en la ejecutiva del PSE-EE, cuyos representantes habían trasladado recientemente al comité de empresa la necesidad de «tener un periodo de tranquilidad» que permitiese a Babcock desarrollar con garantías su trabajo comercial y también, junto con el Gobierno vasco, presionar al grupo público Sepi para que aumentase sus garantías en esta compañía. Un portavoz de este partido señaló ayer a EL CORREO que la vuelta a la conflictividad «puede suponer el 'harakiri' por parte de la plantilla» al aumentar así el deterioro de la imagen de la firma y, con ello, la imposibilidad de conseguir nuevos contratos.

La fractura en el seno de la plantilla ha dejado ya sus primeras consecuencias. Así, ayer mismo el presidente del comité, Alfredo Loureiro, transmitió en la asamblea su decisión de dimitir del cargo. Loureiro, que era partidario de atender las indicaciones del PSE sobre el «periodo de tranquilidad» y de negociar con la Sepi la ampliación de las garantías, ha tomado esa plantilla al entender que la mayoría de la plantilla y una parte importante de los afiliados a UGT -su sindicato- no respaldan sus propuestas.

Demandas de integración

El acuerdo de mayor trascendencia de los aprobados ayer por los trabajadores es la presentación de demandas, en las que se solicitará su integración -en realidad, su vuelta- a la antigua Babcock Wilcox desde la actual Babcock España. La primera de esas sociedades está sin actividad, pero permanece dentro de la cartera de participaciones del grupo público Sepi.

Los promotores de la iniciativa han aconsejado que sean demandas individuales, y no una reclamación colectiva, para garantizar que serán los tribunales de Euskadi los que analizarán la cuestión. Babcock tiene un centro en Madrid y una demanda colectiva hubiese trasladado el caso a un tribunal de ámbito nacional. La cuestión de fondo es que los juristas que han asesorado esta iniciativa creen que hay una base suficiente para estas demandas, en una reciente sentencia del Tribunal Superior vasco, presentada por trabajadores de una filial, aunque referida a un momento en Babcock todavía era propiedad del Estado.