El Gobierno vasco ha conseguido reunir en una misma mesa a todas las partes implicadas en el conflicto del transporte por carretera en torno al puerto de Bilbao. Como ya es conocido, la contratación de camiones en las instalaciones portuarias funciona de forma irregular, con un grupo cerrado de profesionales-en su mayor parte, autónomos-, al tiempo que se impide la libre contratación. El asunto ha generado, incluso, una actuación de la Fiscalía que aún se tramita en un juzgado de Barakaldo.

Por primera vez desde que en diversos foros comenzaron a analizarse las características del problema y también posibles soluciones, el Departamento de Transportes del Ejecutivo autónomo ha conseguido que haya una representación completa, ya que se han incorporado los sindicatos representativos de los autónomos -Sintrabi había permanecido hasta ahora la margen de estos encuentros-, así como las empresas que actúan como comercializadoras en los procesos de contratación de las cargas.

La comisión cuenta, además, con responsables del Departamento de Transportes, la Diputación, la Cámara de Comercio, la patronal del transporte, la asociación Uniport -en la que están integradas numerosas compañías relacionadas con la actividad portuaria- y los consignatarios. La Autoridad Portuaria de Bilbao, a pesar de que sus instalaciones son el epicentro del problema, ha decidido no enviar a ninguno de sus directivos y ha confiado su representación a un consultor externo.

Sin prisa

El grupo de trabajo es coordinado por un comisionado del Gobierno nombrado especialmente para este asunto, Rafael Puntonet, cuya gestión ha sido muy cuestionada desde el principio desde diversos sectores. Las tareas de la comisión, además, avanzan a un ritmo extremadamente lento. Hasta ahora se han celebrado ya cuatro reuniones y, pese a ello, no se ha entrado todavía a discutir cuál sería la vía más adecuada y con mayor consenso para desmontar el rígido sistema de contratación.

En el último encuentro, el comisionado anunció que, además de las dos propuestas que están sobre la mesa -una de ellas, presentada por los consignatarios y el sindicato Sintrabi, y otra, por la organización Egas-, se presentarán otras nuevas en las próximas semanas, aunque no desveló la procedencia.