España vio ayer reducida a humo toda su argumentación contra la reforma de la Política Pesquera Común de la UE que el Consejo de Ministros de Pesca aprobó en 2002 y 2003, al rechazar la Corte Europea de Justicia una serie de recursos -tres en total- interpuestos contra aspectos diversos de esa reforma y contra actos derivados de ella.

El Tribunal, de UE en una batería de sentencias que confirman la prevalencia del principio de estabilidad relativa sobre las interpretaciones limitativas que de él hacían las autoridades españolas, rechazó los recursos interpuestos por Madrid contra las decisiones del Consejo de Ministros de 2003, que establecían un modelo para el cálculo del esfuerzo pesquero con base en un periodo de referencia -1998/2002-, que España contestó inmediatamente por discriminatorio.

Las autoridades españolas entendían que, en ese plazo, el margen de actuación de las flotas españolas en el caladero de referencia estaba restringido por las condiciones del Tratado de Adhesión.

La aprobación del reglamento de 2003, según el Gobierno, no hacía más que perpetuar, consolidándolas, las condiciones pesqueras discriminatorias que España tuvo que asumir para adherirse a la UE en 1986. En otras dos sentencias, el tribunal desestima sendos recursos mediante los cuales España pretendía retornar a los caladeros del Báltico y del Mar del Norte, de los que permanecía ausente en virtud de los términos del Tratado de Adhesión pese a haber pescado en esas zonas entre 1973 y 1976.

Las sentencias no sorprenden. Los recursos contra el principio de estabilidad relativa fueron planteados por España a pesar de haber visto rechazadas en 1992 cuatro demandas interpuestas contra él en 1990.

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