El descrédito creciente de la Administración local de Marbella ha tocado fondo con la detención de su alcaldesa, de la primera teniente de alcalde, del responsable municipal de Urbanismo, así como de concejales, abogados, empresarios y algunos funcionarios acusados de graves delitos. Desde que hace quince años las siglas creadas por Jesús Gil se hicieron con la mayoría en la localidad malagueña, sus tres alcaldes han mantenido un estilo de gestión y unas prácticas que les situaban con frecuencia al margen de la legalidad urbanística. La sustanciación penal de estos desatinos, y el consiguiente procedimiento judicial, supone por ello una buena noticia: por fin se empieza a poner coto a unos comportamientos delictivos y fraudulentos que contaminan una parte notable del sistema económico y político y a la propia Administración. Pero también ha revelado la insuficiencia de los controles y la carencia de mecanismos eficaces para actuar frente a complejas tramas -no sólo en Marbella-, así como la falta de nervio político e institucional para frenar unos comportamientos inadecuados y perjudiciales para la sociedad que están sembrando de irregularidades la costa mediterránea.

La reciente decisión de la Junta de Andalucía de iniciar los trámites para retirar las competencias urbanísticas a la localidad malagueña es un paso adecuado, ante la evidencia de 30.000 viviendas ilegales y el nulo respeto por las normas de los responsables del Ayuntamiento. Pero es más urgente propiciar una regeneración de los partidos convencionales, cuya incapacidad fue, sin duda, el origen del triunfo del GIL y de la degradante etapa política que le ha seguido. La crítica situación económica del municipio, unida al desgobierno existente, complican cualquier solución, a la espera de las elecciones municipales del próximo año. Ni siquiera la disolución de la Corporación, pedida por distintos grupos políticos, parece una alternativa viable ante la grave crisis y la atomización partidista. Mientras la Justicia realiza su trabajo, las administraciones, andaluzas y españolas, deben asegurar que Marbella no naufrague y dejar que los ciudadanos, con su voto, marquen el camino de la normalización.