El valor de los bienes incautados en la operación contra la corrupción urbanística en Marbella se eleva a 2.400 millones de euros, según informó ayer el ministro del Interior, José Antonio Alonso, y los detenidos durante las acciones judiciales dirigidas a atajar la corrupción en el Consistorio malagueño se elevan ya a 23. Entre los registros efectuados destaca el del despacho del jefe de la Policía Local y varias oficinas de abogados.

La alcaldesa de Marbella se proclamó inocente de los cargos que se le imputan y dijo tener la conciencia «muy tranquila». Después de pasar su primera noche en los calabozos, Marisol Yagüe aseguró que si algo ha ocurrido en el Ayuntamiento ha sido totalmente ajeno a su intención. Durante su comparencia en las dependencias policiales, que duró 30 minutos, se escudó en los numerosos papeles que firma al día, «del orden de 500 ó 600», para manifestar su ignorancia sobre los delitos que le imputan, señaló su abogado Pablo Luna.

«Su salud no es buena»

La presidenta del Consistorio no ocultó su sorpresa por las otras personas detenidas en el marco de la 'operación Malaya'. También se encuentran en dependencias policiales su asesor de urbanismo, Juan Antonio Roca; la teniente de alcalde, Isabel García Marcos; los concejales de Cultura, José Jaén; de Tráfico, Vitoriano Rodríguez, y el secretario municipal, Leopoldo Barrantes. En el auto que ordenaba la detención de Yagüe se hacían constar presuntos delitos de malversación, cohecho y otros, aunque, según su abogado, no se especificaban los cargos que le imputan. Poco más ha trascendido de la declaración, ya que el juez ha decretado el secreto del sumario sobre el caso.

De acuerdo con el letrado, la alcaldesa pasó la noche tranquila, a pesar de las molestias que sufre por una operación a la que fue sometida pocos días antes. A este respecto, Luna confirmó que a Yagüe se le extirpó una tumoración en la espalda. «Su estado de salud no es bueno», sentenció Luna, quien alegó que, aparte del malestar por los puntos de sutura, su defendida padece alteraciones cardíacas. «La alcaldesa es más fuerte de lo que aparenta», apostilló el abogado.

También pasó la noche en los calabozos de la Comisaría de Málaga la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, que fue detenida en la madrugada del jueves nada más aterrizar en el aeropuerto de Málaga procedente de Moscú, donde pasó su luna de miel. García Marcos, que está acusada de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, se mostró sorprendida por el arresto, aunque lo acogió con calma, aseguró su jefe de gabinete. Sólo en el domicilio de la primera teniente de alcalde la Policía se ha incautado de 300.000 euros y numerosas joyas. El abogado de García Marcos, considera un 'exceso y una injusticia' que se quiera relacionar a su cliente con la trama de corrupción urbanística en Marbella , ya que ella ha sido la única persona que durante años ejerció una dura oposición contra Jesús Gil y sus desmanes inmobiliarios.

La tranquilidad volvió poco a poco a la Plaza de los Naranjos, donde se levanta el Ayuntamiento de Marbella, tras más de diez horas de registros policiales. No obstante, continúan precintadas las oficinas de planeamiento urbanístico, donde agentes de la policía judicial prosiguen su labor. Entre los objetos intervenidos figuran 16 cajas de seguridad, de las cuales dos se encuentran en el Consistorio y aún no han sido abiertas. La Policía ha bloqueado hasta el momento más de 1.000 cuentas bancarias y ha realizado una veintena de registros en Madrid, Murcia, Huelva, Cádiz, Málaga y el propio Marbella.

Futuro en entredicho

Las investigaciones corren a cargo del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella , Miguel Ángel Torres, y la Fiscalía Anticorrupción. Esta amplia operación policial surgió a raíz de unas escuchas telefónicas relacionadas por el caso 'Ballena Blanca' contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, en marzo de 2005.

Los vecinos de Marbella habían convocado hace más de un mes una manifestación que, casualmente, ha coincidido con la 'operación Malaya'. La protesta reunió ayer en las calles de Marbella a 12.000 personas, según la Policía Local, que pidieron la dimisión del equipo de Gobierno municipal. Los vecinos claman desde hace años por una gestión justa, tras conocerse la existencia de más de 30.000 viviendas construidas ilegalmente y 500 licencias de obras paralizadas.

La envergadura de la redada y sus repercusiones han puesto en entredicho el futuro de la Corporación marbellí. Según establecen la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Régimen Electoral, una gestora designada por la Diputación de Málaga se encargaría de asumir la gestión de Marbella si el Gobierno central, por propia iniciativa o a instancias de la Junta de Andalucía, decide disolver el Ayuntamiento.