El Consejo de Ministros aprobó ayer un Plan Energético que incluye acciones hasta el año 2011 y recoge todos los proyectos de ampliación de la planta regasificadora ubicada en el puerto de Bilbao, donde se prevé duplicar su capacidad almacenaje de gas natural licuado con la construcción de dos nuevos tanques, que se sumarían a los dos ya existentes.

El documento también incluye otras inversiones en el País Vasco en materia de infraestructura de transporte de energía eléctrica, con la ratificación de los planes de conexión entre las subestaciones de Penagos (Cantabria) y las de Güeñes, en Vizcaya, e Itxaso, en Guipúzcoa. Por último, refleja el aumento de capacidad de extracción de gas en el yacimiento Gaviota, ubicado frente a la costa de Bermeo. Desde que este yacimiento gas quedó agotado, se utiliza como almacén natural.

La decisión adoptada ayer por el Ejecutivo supone, en la práctica, una revisión del Plan Energético elaborado en 2002, que se había quedado 'pequeño' debido a la evolución al alza de la demanda energética, según explicó el vicepresidente Pedro Solbes. Así, frente a las magnitudes previstas en 2002, el nuevo programa contempla un incremento del 40% en la capacidad de regasificación instalada en territorio español y de un 28% en almacenamientos subterráneos. En el capítulo de transporte de electricidad, incorpora un notable aumento de las inversiones y subestaciones para atender una creciente demanda que en determinados momentos del año suele colapsar estos elementos clave del sistema de distribución.

Cambios en el sector

El Gobierno ha puesto en marcha cambios en la política energética tras constatar que la OPA de Gas Natural sobre Endesa no se resolverá en breve plazo al haber quedado paralizada por una juez de Madrid. Además, las disfunciones del mercado mayorista han forzado al Ejecutivo a adoptar adoptar medidas provisionales para que el déficit de tarifa -diferencia entre costes de generación y los ingresos por venta de electricidad- entre en una senda de normalidad. Ese desfase ya ha dejado una costosa herencia, y la Administración se ha puesto a trabajar en el marco definitivo con el horizonte del mes de julio, cuando la tarifa eléctrica subirá un 1,5% adicional al 4,5% de incremento que ya se aplica desde el pasado 1 de enero.

Pese a la liberalización del mercado eléctrico, los operadores dominantes tendrán la obligación de prestar servicio universal a los consumidores domésticos, se creará una agencia que facilite a los usuarios el cambio de suministrador y se generalizará la instalación de contadores con lectura telemática. Las empresas que realicen funciones de generación y distribución tendrán que separar sus actividades, incluso en sociedades mercantiles claramente diferenciadas. El objetivo es conocer mejor los costes reales de cada actividad.

El Gobierno está dispuesto a poner en marcha nuevos regímenes de retribución, tanto en el gas como en la electricidad. También va a modificar el sistema de cobros y pagos por garantía de potencia y a crear un comité de seguimiento del sistema energético.

Mayor control

Para que el mercado mayorista de generación eléctrica funcione con precios más estables, se impulsarán los contratos bilaterales y a largo plazo con medidas como las subastas virtuales de capacidad. Se plantean además medidas para reducir el poder de mercado de los operadores dominantes y se limitará la potencia gestionada por las empresas titulares de centrales de generación en las tecnologías que marcan los precios marginales, como es el caso del ciclo combinado. Finalmente, el Ejecutivo se ha propuesto resolver de forma definitiva los costes de transición a la competencia, los denominados CTC, suprimiéndolos o modificándolos en función del grado de amortización de las instalaciones de generación.

La mayoría de estas propuestas están en la mesa de negociación con el sector, que ya ha hecho llegar al Ministerio de Industria las condiciones que pueden hacer inviable económicamente la actividad de las empresas. Las eléctricas quieren un marco estable, pero han transmitido al Gobierno que «sin rentabilidad, no habrá inversiones que garanticen el suministro».