La polémica se ha instalado en el campo vizcaíno. El diputado de Agricultura, Eusebio Larrazabal, compareció ayer en las Juntas Generales para dar explicaciones sobre el proyecto de creación de una entidad profesional que represente a los baserritarras, y que ha suscitado la indignación de los sindicatos EHNE y Enba. El responsable foral afirmó que su departamento «lanzó una reflexión» al sector en este sentido. «Los productores tendrán que decir si les parece bien o mal. No nos esforzaremos en llevarlo adelante si no están convencidos», garantizó.

«Si todos los sectores tienen una representación directa además de los sindicatos, ¿por qué el primario no?», se preguntó Larrazabal. A su juicio, esta herramienta contribuiría a cambiar la imagen que la sociedad tiene de estas explotaciones y fomentar su «competitividad. Parece que los productores son los trabajadores y la patronal, la Administración. Eso es erróneo, es un sector que para todo ha necesitado intermediarios», argumentó.

La Diputación trasladó este planteamiento a la cooperativa agraria Lorra porque «salvo los apicultores, agrupa a todas las asociaciones». Larrazabal mantuvo este verano un encuentro con ellos, aunque «no aportamos ningún documento. No hemos escrito ni una letra», enfatizó. Meses después, comenzó a circular el borrador de los estatutos de la nueva entidad, ante el rechazo frontal de los sindicatos agrarios.

Arturo Aldecoa, del PP, considera la asociación «una organización descafeinada, una mezcla de sindicato y patronal que se ha metido en medio para que no dé problemas». Ezker Batua fue más allá en sus críticas al evocar los sindicatos verticales del franquismo, una alusión que los partidos nacionalistas tacharon de «ofensiva». Larrazabal afirmó que tiene una «buena relación» con los sindicatos - «otra cosa es que se haga lo que ellos digan»- algo que EB y el PP cuestionaron. «No es fluida, ni cordial ni cotidiana», apostilló José Ferrera.

Por otra parte, las Juntas rechazaron la propuesta del PSE para que la Diputación regule las ferias agrarias mediante una norma foral. Aunque reconocen la necesidad de los controles, el resto de los partidos creen que la competencia corresponde a otras instituciones.