En 1899, gracias a un interesante contrato firmado con el Ayuntamiento, los farmacéuticos de Bilbao se comprometieron a efectuar el suministro de medicamentos a las familias pobres de la villa. En 1906, tras comprobar con satisfacción la eficacia del acuerdo, se renovó y se introdujeron mejoras en el apartado relativo a las condiciones económicas. Pero sólo cuatro años después, las autoridades municipales cambiaron radicalmente de actitud. Sin ningún tipo de aviso previo se acordó la creación de una farmacia municipal encargada de asumir el despacho de medicamentos para los necesitados.

Puede suponerse el sentimiento de contrariedad y el disgusto con el que se vivió semejante decisión por parte del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya. ¿Qué extraña razón se encontraba detrás de aquella decisión? Fueran cuales fuesen los motivos que habían movido al Ayuntamiento a obrar de ese modo, los dueños de las farmacias bilbaínas recurrieron el acuerdo. El desenlace de aquel primer enfrentamiento entre los intereses públicos y los privados se resolvió a favor de estos últimos. No sólo consiguieron revocar el polémico acuerdo, sino que lograron una interesante renovación del contrato relativo al suministro de medicamentos.

Suministro

En 1914, tanto las autoridades de la villa como los farmacéuticos volvieron a la carga. Los primeros al acordar una vez más el establecimiento de la tan ansiada farmacia municipal y, los segundos, por impugnar la decisión ante el gobernador civil. El resultado fue una nueva victoria de los boticarios que hicieron valer de manera determinante su contrato de suministro.

Un año después, el Ayuntamiento cambió de estrategia. Solicitó al ministro de la gobernación la autorización pertinente con el objeto de crear cuantas farmacias de carácter público se considerasen necesarias para efectuar el servicio en exclusiva de la beneficencia municipal. Por fin, para alegría de las autoridades, esa vez sí que su petición fue atendida. Convencidos de su triunfo, el 18 de agosto de 1916, se tomó la decisión de encomendar a la junta de beneficencia domiciliaria -a la que se le concedió una subvención de 55.000 pesetas-, que se hiciera cargo, de manera exclusiva, del suministro de medicamentos a los pobres.

A comienzos de 1917, la citada junta empleó 30.000 pesetas en la compra de una farmacia situada en la calle San Francisco que, por no contar con el espacio suficiente para las necesidades que generaba la beneficencia municipal, fue ampliada con unos locales contiguos. Las obras de adecuación, cuyo importe ascendió a 5.600 pesetas, corrieron a cargo del arquitecto municipal, Ricardo Bastida. A esos gastos se añadieron los correspondientes a la compra de medicamentos, aparatos de ortopedia y los derivados del aumento del personal encargado de atender el servicio. El total superó con mucho el presupuesto asignado para 1917.

Una vez enterados de la maniobra del Ayuntamiento, los farmacéuticos se manifestaron a favor de cumplir con su deber. Es decir, ellos seguirían efectuando el servicio de medicamentos a los pobres, porque el contrato firmado con el municipio estaba aún en vigor. Además, avisaban que la cantidad consumida en medicinas por los necesitados hasta comienzos de 1917, rondaba las 40.000 pesetas y que esperaban que al terminar el año ascendiera a 75.000 pesetas. ¿Quién iba a pagar aquellas cantidades si ya no había dinero? Sin embargo, todo aquel asunto parecía no importar lo más mínimo al Consistorio que se limitó a comunicar a los farmacéuticos su propósito de asumir el servicio a los necesitados desde su nuevo local en San Francisco. Estos, frente a semejante gesto de prepotencia, interpusieron un recurso de alzada ante el gobernador civil para que no sólo revocase el acuerdo, sino que declarase «la incapacidad del Ayuntamiento para delegar en la junta de beneficencia domiciliaria sus atribuciones y deberes en lo que afecta al servicio benéfico sanitario».

Al mismo tiempo, se ponía de relieve el enorme absurdo que suponía el obligar a todos los pobres de la ciudad a proveerse de medicamentos en una sola farmacia. En resumen, el Ayuntamiento de Bilbao no sólo había duplicado su gasto en medicamentos sino que coartaba la libertad de los necesitados al obligarles a ir a una farmacia en concreto además, claro está, de saltarse a la torera el contrato vigente firmado con los farmacéuticos.

Todo fue muy turbio desde el principio. Incluso la compra de la citada farmacia fue poco menos que esperpéntica. Su aparente propietario, que la había adquirido en 1911 por 18.000 pesetas, se convirtió, por no se supo qué tipo de arte de magia, en el nuevo comprador en 1917, mientras que como vendedores aparecieron varios vocales de la beneficencia domiciliaria. Poco claro, ¿no es así?

Pero lo que sorprendió de verdad e hizo reaccionar a los farmacéuticos fue el total desprecio que la junta demostró ante el contrato firmado aún en vigor. Además, no contentos con eso, habían emprendido una auténtica cruzada «por las habitaciones de las 3.600 familias pobres que disfrutan de las llamadas libretas médico-farmacéuticas, para obligarles, hasta por medio de amenazas, a que vayan a surtirse de medicamentos a la farmacia de su propiedad, con notorio daño para el crédito de los demás farmacéuticos de Bilbao».

Denuncias al alcalde

Algunas de las familias pobres llegaron a denunciar ante el alcalde las vejaciones a las que fueron sometidas ya que se les llegó a amenazar con privarles hasta del pan si no se avenían a comprar sus medicamentos en la farmacia municipal. Un completo sin sentido si se tenía en cuenta que el número de personas que eran atendidas por las farmacias de la villa ascendía a 24.000. A tenor de estos datos, ¿se podía pensar bien de aquella extraña maniobra?

Por fortuna, la autoridad competente exigió el respeto al contrato firmado de tal forma que los farmacéuticos de la villa mantuvieron el servicio a los pobres. Aunque el Ayuntamiento, obcecado en su idea de municipalizar el suministro, lo intentó de nuevo en 1920. Tampoco entonces tuvo éxito.