La 'operación Malaya' en Marbella va deparando un goteo de noticias que apuntan en una misma dirección: la existencia de indicios consistentes para imputar numerosos delitos a los principales dirigentes del Ayuntamiento de la ciudad de la Costa del Sol y a una trama empresarial complementaria en torno al encarcelado asesor urbanístico del Consistorio. En este clima de descomposición, conviene fijar con rigor los puntos de referencia: restablecer la legalidad en Marbella, defender los intereses lesionados de la ciudadanía y propiciar la normalización política facilitando una transición que deberá quedar sancionada en las próximas elecciones.

En la actual situación, queda descartada cualquier posibilidad de sostener el equipo de gobierno que rige Marbella desde la moción de censura planteada en 2003 por el 'gilismo' con el apoyo de concejales del PSOE, después expulsados de la formación, y el PA. La presunción jurídica no rige en política, y en este plano la alcaldesa y la primera teniente de alcalde tienen su crédito agotado. Y cualquier hipótesis de futuro colisiona con la evidencia de un Ayuntamiento atomizado, cuyos 27 concejales están distribuidos en nueve marcas distintas, con una irreconocible suma de siglas en varios grupos mixtos y una debilidad imposible para los grandes partidos nacionales que deben pilotar el horizonte. La Administración autonómica, como el Gobierno central y el anterior Ejecutivo del PP, han tratado de eludir el primer precedente en España de disolución de un ayuntamiento. Pero el de Marbella ya está de facto descabezado y en una situación financiera muy delicada. La hipótesis de una comisión gestora parece la vía más razonable para conseguir los objetivos de legalidad, recuperación económica y normalización política. Esta solución requiere un clima de gran compromiso por parte de todos los actores en escena. La situación de Marbella no admite ahora desgastes oportunistas.