La Junta de Andalucía instará mañana al Gobierno a disolver el Ayuntamiento de Marbella. Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico pretende resolver la enorme crisis desatada en la corporación de la localidad malagueña por el descubrimiento de la presunta trama de corrupción urbanística que ya ha llevado a la cárcel a la alcaldesa, Marisol Yagüe; la teniente de alcalde, Isabel García Marcos; el concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez; el asesor urbanístico y supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca; su testaferro y hombre de confianza, Óscar Alberto Benavente, y el empresario Ismael Pérez peña.

«Se dan las circunstancias objetivas para la disolución», valoró ayer el consejero andaluz de Presidencia, Gaspar Zarrías, en declaraciones a la Cadena Ser. Según indicó, la gestión ha sido «gravemente dañosa para los intereses generales» y se han «incumplido gravemente las obligaciones asignadas» al Gobierno municipal. Sería la primera vez en la historia de la democracia española que se interviniese así en una corporación local.

La medida, sin embargo, resulta insuficiente para el Partido Popular, que exige la convocatoria de elecciones para evitar que una comisión gestora se haga cargo de Marbella hasta las municipales de mayo de 2007. El adelanto de los comicios sólo sería posible si el Gobierno disolviese el Ayuntamiento antes del 27 de mayo, para lo que sería preciso a su vez recabar el permiso del Senado antes de la Junta de Portavoces de mañana. La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento marbellí, Ángeles Muñoz, atribuyó ayer al PSOE la intención de dejar pasar el tiempo para evitar que las elecciones le pillen en un momento desfavorable. Según apuntó, las encuestas reflejan una «clara desventaja» de los socialistas con respecto al PP.

En el abismo

Muñoz acusó a la Junta de haber «mirado hacia otro lado» durante los quince años de «irregularidades» vividos desde que Jesús Gil accedió a la alcaldía y reclamó al Gobierno que obre con «responsabilidad». A su juicio, la posibilidad de que una junta gestora se ocupe del Ayuntamiento hasta mayo de 2007 sería «intolerable» para los ciudadanos, que ya están sufriendo una situación que «no merecen», y «sumiría más en el abismo» al pueblo de Marbella.

El secretario de Política autonómica del PSOE, Alfonso Perales, explicó en Radio Nacional que los trámites de disolución son «largos y difíciles» y recordó que, si efectivamente la Junta adopta esta decisión, será una experiencia sin precedentes en la democracia española. Aun así, subrayó, «el Gobierno está dispuesto a estudiarlo con toda seriedad». El dirigente socialista acusó a los populares a través de un comunicado de actuar como «conversos que se arrogan una posición de dureza que, lamentablemente, nunca han tenido en Marbella». Según recordó Perales, en 2003, cuando Jesús Gil entró en la cárcel y se planteó una moción de censura, el Gobierno de José María Aznar negó «rotundamente» la posibilidad de disolver el Ayuntamiento de Marbella, como pide ahora, porque los entes locales gozan de un grado de autonomía reconocido en la Constitución.

También Ángeles Muñoz se refirió a aquella situación de 2003. Según su versión, el Gobierno popular no disolvió el Ayuntamiento porque un informe del Ministerio de Administraciones Públicas lo desaconsejaba por «razones técnicas», ya que aún no había «argumentos probados».

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, interpretó ayer la 'Operación Malaya' como respuesta a un «clamor social que exigía que, de una vez por todas, limpiásemos la corrupción del Ayuntamiento de Marbella». Conde-Pumpido aclaró que el ministerio público sabía desde el inicio que la red de la Costa del Sol era «muy importante» y respaldó la labor de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía: «Están haciendo un trabajo excelente para limpiar la corrupción y evitar que se extienda en otros ayuntamientos», valoró el fiscal, que se mostró dispuesto a acudir al Parlamento para explicar las actuaciones, tal como ha pedido IU.