España contará antes de finalizar el año, de cumplirse las previsiones del Gobierno, con una Ley de Investigaciones Biomédicas que dará vía libre a la clonación terapéutica. De momento, el Ejecutivo ha dado a conocer un borrador de lo que serán líneas maestras de un proyecto de ley que aún ha de someterse a consulta de instituciones científicas y comunidades autónomas. El amplio recorrido que le espera a la futura norma está marcado por la discusión ética y jurídica en torno a la investigación que se va a autorizar, de la que son una muestra las XIII Jornadas sobre Derecho y Genoma Humano que se están celebrado en la Universidad de Deusto.

En rigor no se debe hablar de clonación terapéutica, sino de transferencia nuclear. Recurso semántico empleado para evitar la carga negativa del término clonar, aunque detrás de ambas denominaciones exista la misma técnica: transferir el núcleo de una célula adulta a un ovocito, previamente desposeído de su núcleo, a partir del cual se generará un preembrión o blastocisto del que extraer las células madre -embrionarias- para posteriores cultivos en laboratorio. La clave de la polémica se encuentra en que ese conjunto celular creado en los primeros días no es considerado por muchos científicos como embrión, sino como su fase previa, esto es, un blastocisto; los opuestos a esas prácticas, empezando por la Iglesia católica, que hizo público el pasado viernes un documento específico condenando la futura ley, no admiten sin embargo tal diferencia y mantienen que todos son embriones portadores de vida humana. Precisamente, a esto último ha replicado tajantemente la ministra de Sanidad señalando que la ley, de acuerdo con el Código Penal, prohibirá expresamente la generación de embriones humanos con fines terapéuticos y que esos conjuntos celulares no son fruto de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide.

Llámese clonación o transferencia, lo cierto es que miembros relevantes de nuestra comunidad científica, pese a que las garantías de éxito de esta línea de investigación están lejos de poderse garantizar, venían reclamando su legalización desde hace dos legislaturas, con severos criterios técnicos, jurídicos y éticos. Y así parece querer hacerlo este Gobierno, convirtiendo a España en el cuarto país europeo en autorizar esas investigaciones. Sólo cabe esperar que las expectativas abiertas por la ley, que creará un ambicioso marco científico y permitirá unas líneas de estudio altamente cualificadas, no se frustren por la falta de recursos económicos, públicos y privados, y que por una vez nuestra sociedad, nuestra política y nuestra economía respondan a las exigencias del futuro.