Los juzgados de Miranda han dictado un total de 34 órdenes de protección en 2005. El dato fue desvelado ayer por la subdelegada del Gobierno en Burgos, Berta Tricio, que presidió la primera reunión con el Ayuntamiento y los representantes de las tres fuerzas policiales que actúan en la ciudad, con un único asunto sobre la mesa: el protocolo de actuación ante las situaciones de violencia de género.

El número de órdenes dictadas en la ciudad -dos menos que las que llegaron a solicitarse por denuncia policial- permite, según Tricio, «un seguimiento más correcto, más personalizado de las situaciones porque no se trata de un gran número de casos».

Aunque sí se ha producido un incremento. Así, desde agosto de 2003 hasta principios del pasado año, se dictaron una veintena de órdenes de estas características. Con ellas se obliga a los agresores a mantenerse a distancia de sus víctimas y cumplir con una serie de obligaciones. No hacerlo implica duras sanciones e, incluso, la cárcel.

En Miranda fueron denunciados 42 casos de violencia contra las mujeres y cuatro más en los que las víctimas fueron hombres. Policía y Servicios Sociales atenderían una media de cuatro casos al mes; ligeramente superior a la que viene registrándose en lo que va de año con 10 casos durante el primer trimestre. «Para que sean eficaces estas órdenes es necesario conocer la cuestión vital de la víctima y del agresor. Intentar, incluso, hablar con él para que se incorpore a hábitos más razonables».

Reuniones periódicas

El seguimiento de estas situaciones se realizará periódicamente en una serie de reuniones específicas con las que se pretende «ser lo más ágiles posible y prestar rapidez y eficacia, sobre todo en las primeras horas». Y es que es en esos primeros instantes cuando la víctima más necesita un apoyo cercano.

Desde el punto de vista de la subdelegada del Gobierno, «gran parte» del trabajo de coordinación que se está realizando en la ciudad. La puesta en marcha del Servicio de Urgencias Sociales comenzó su andadura a principios de febrero y es la iniciativa más reciente que activa el Ayuntamiento de la ciudad para esa atención inmediata de las víctimas de malos tratos.

«Es una medida muy positiva porque hay una persona que acompaña a la víctima ante la policía, donde recibe un trato más personal, humano y cercano». Dos trabajadoras sociales permanecen de guardia desde las 15.00 hasta las 8.00 horas del día siguiente cubriendo así el vacío que existía en esa atención inmediata desde Servicios Sociales, fuera del horario de los funcionarios.

Las diferentes comisiones técnicas van a permitir mejorar la coordinación y aumentar el conocimiento sobre los diferentes mecanismos que existen en la lucha contra la violencia de género (casas de acogida, teléfonos móviles, etcétera).

Son los dos aspectos destacados por Tricio, que también anunció la intención de convocar una jornada de formación; una especie de punto de encuentro «en el que participarán diferentes organismos implicados en la violencia de género en aras a incrementar la coordinación o colaboración y ser lo más eficaces posibles». La reunión de ayer, la primera, tuvo carácter eminentemente informativo. La pretensión, según destacaron las partes, es profundizar en próximos encuentros.

Tricio, cuestionada por representantes de los medios de comunicación, también hizo referencia al caso de la mirandesa Marisa Villaquirán, desaparecida desde hace más de un año y víctima también de los malos tratos. «No tenemos, por el momento más información sobre el hecho», zanjó la subdelegada en Burgos.