La cobertura de paro por el cese involuntario de la actividad profesional costará a cada uno de los 3,3 millones de autónomos que existen en España 3,8 puntos adicionales de cotización -un mínimo de 25 euros mensuales más-,

según el proyecto defendido por la Federación Nacional de este colectivo, conocida bajo las siglas ATA, que agrupa a cerca de un centenar de asociaciones representativas del sector. «Nos inclinamos por un sistema público, solidario, contributivo y obligatorio», explicó su presidente, Lorenzo Amor, quien mantiene negociaciones avanzadas sobre este asunto con Gobierno central.

El derecho al desempleo de los autónomos es una de las recomendaciones contenidas en un informe de expertos encargado por el Ministerio de Trabajo -conocido el pasado mes de octubre-, que el titular del departamento, Jesús Caldera, calificó de «sólida base» para la elaboración del Estatuto del trabajador autónomo. Se trata de un texto legal que regulará las condiciones laborales en las que se desenvuelve este amplio y variado colectivo de trabajadores, que incluirá también novedades sobre la situación de los familiares no emancipados y la jubilación anticipada.

Según las estimaciones de las asociaciones del sector, los trabajadores autónomos representan el 18% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. En la actualidad, en la Seguridad Social están encuadrados en tres regímenes: el de autónomos propiamente dicho, el especial agrario y el de trabajadores del mar. El más importante es el primero, con 2,975 millones de afiliados, mientras que el segundo incluye a 264.000 personas y el tercero a sólo 15.700, según los datos correspondientes al mes de febrero.

El borrador de esta norma se encuentra muy avanzado. El calendario que baraja el Gobierno es llevarlo a Consejo de Ministros antes de junio para que entre en el Parlamento en septiembre y vea la luz antes de que termine el presente año.

En los próximos días, responsables del Ministerio de Trabajo volverán a reunirse con miembros de las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos mayoritarios -CC OO y UGT-, por un lado, y con las organizaciones más representativas de los autónomos por otro. Junto con los dirigentes de ATA acudirán los representantes de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) vinculada a UGT; y de la Federación Española de Autónomos (CEAT), asociada a la CEOE.

Sistema público

La pasada semana, Trabajo entregó el borrador de la primera parte del Estatuto y dejó para la presente los capítulos de fomento del empleo y la protección social. Dentro de este último apartado, introducirá la cobertura económica del cese de actividad; es decir, un seguro de paro. En un principio, existían dos opciones: una consistía en el sistema público descrito y la otra en la suscripción voluntaria de un seguro privado, gestionado por una compañía o un grupo de empresas, vinculada a beneficios fiscales.

Según la información facilitada por ATA, se abre camino el sistema público, cuyo pago estaría gestionado por entidades colaboradoras de la Seguridad Social, como pueden ser las mutuas de trabajo de accidentes y de enfermedades profesionales. Para Lorenzo Amor «no hay dudas en la elección». «La posibilidad de acceder a un seguro de desempleo voluntario la tiene en la actualidad cualquier autónomo», señaló.

«El Estatuto sólo recogerá las líneas generales del mecanismo, que será preciso desarrollar a lo largo de 2007», aclaró. La base mínima de cotización de los autónomos es de 700 euros. En consecuencia, los trabajadores por cuenta propia con este nivel de aportación tendrían que aumentar sus cuotas en torno a los 25 euros mensuales. Ésta sería el pago mínimo para el nuevo seguro de paro, que se perfila como obligatorio.