La Diputación revisará los convenios firmados con noventa ayuntamientos vizcaínos para el tratamiento de los residuos urbanos. Las Juntas Generales aprobaron ayer una proposición no de norma del PP que anima a la institución foral a extender el modelo del acuerdo suscrito recientemente con Getxo, cuyas condiciones son «mucho más razonables» y «menos lesivas» para los municipios.
La empresa foral Garbiker firmó convenios para el tratamiento de las basuras en la mayor parte del territorio histórico en 1999. Para el apoderado Arturo Aldecoa, estos documentos contienen cláusulas «inaceptables. No sólo la empresa fija unilateralmente el precio. En caso de conflicto, si un ayuntamiento se retrasa en el pago, se cobra directamente de los fondos de Udalkutxa», explicó. Los acuerdos se mantienen en vigor «durante 25 años prorrogables. La mayoría de los ayuntamientos son cautivos de una empresa», criticó.
El caso de Getxo es distinto. El Ayuntamiento ha mantenido hasta hace poco su propio vertedero y ha firmado un acuerdo directamente con la Diputación, que entró en vigor el pasado día 1. Este convenio, con una vigencia de ocho años, mantiene el mismo precio fijado por Garbiker -60,23 euros por tonelada- pero «sin trágalas». Por ello, Aldecoa pidió que se siga este ejemplo y se modifiquen los documentos anteriores.
Aunque la iniciativa salió adelante, los partidos marcaron distancias con las críticas formuladas por el PP. «Ningún ayuntamiento ha solicitado modificaciones», recordó la representante del PNV, Nerea Ahedo. En su opinión, los dos tipos de convenios son «muy similares en servicio y precio», un importe que se fija en función del «coste real» del tratamiento. Aun así, considera que tras la aprobación del nuevo plan de residuos el pasado mes de diciembre se abre «un nuevo escenario» que hace necesario «replantear el sistema de gestión y las fórmulas de relación entre administraciones».
El PSE y EA también apelaron al «espíritu de consenso» que presidió la aprobación del plan de residuos al dar su voto afirmativo. La única formación que se desmarcó de aquel acuerdo, Ezker Batua, fue también ayer la disidente. Raquel Modubar se abstuvo y propuso «esperar a que sean los ayuntamientos los que tomen la iniciativa». Su partido rechaza frontalmente la incineración, uno de los métodos que utiliza Garbiker.