El Congreso dio ayer luz verde a la tramitación de la reforma legal que delegará en los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas tareas hasta ahora reservadas al Tribunal Supremo. El pleno rechazó la enmienda a la totalidad del PP, que argumentó que la nueva ley romperá la unidad del Poder Judicial, e inició unos trabajos que, según el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, buscan liberar al alto tribunal de una carga que no le corresponde. El objetivo es convertirlo, sobre todo, en un órgano dedicado a velar para que la ley se aplique igual a todos los ciudadanos.

López Aguilar aseguró que, de este modo, la unidad del sistema no sólo no sufrirá, sino que saldrá «reforzada». La reforma generalizará la doble instancia, al convertir a los tribunales superiores en la cúspide de la administración judicial en sus respectivas comunidades autónomas. Pero también modificará el recurso de casación, de manera que el Supremo pueda dedicar la mayor parte de su esfuerzo, según el Gobierno, a decidir sobre las resoluciones de los entes autonómicos cuando existan «contradicciones». De ahí que el ministro acusara de «fatuo e ignorante» a quien diga que la unidad del Poder Judicial o del Estado se verán afectadas.

Pese a su enmienda a la totalidad, el PP aparcó ayer la artillería pesada. No fue el secretario ejecutivo de Justicia, Ignacio Astarloa, quien se enfrentó en esta ocasión al ministro, sino el portavoz adjunto, Julio Padilla. Su intervención, además, comenzó con una llamada a la negociación: «Estamos en absoluto desacuerdo con esta reforma, pero intentaremos encauzarla».

Aun así, el diputado popular aseguró que los cambios que pretende sacar adelante el Gobierno introducirán el riesgo de que los tribunales superiores hagan distintas «interpretaciones» según la comunidad autónoma en la que ejerzan su función. Junto a esta advertencia, reprochó al Ejecutivo la «premura» con la que ha querido abordar el asunto, como consecuencia, dijo, del Estatuto catalán.

Recelos de CiU

El primer partido de la oposición no fue el único en exponer sus recelos. En sentido opuesto, el portavoz de CiU, Jordi Jané, advirtió de que el proyecto «no da respuesta» a lo acordado en la reforma estatutaria. Jané recordó que aquel texto convierte el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la última instancia jurisdiccional de todos los procesos iniciados en la comunidad autónoma, pero también de los recursos que en ella se tramiten. «Esta ley no puede reservar la casación únicamente al ámbito civil o del derecho autonómico», añadió.

Así, insistió en que la ley deberá adaptarse al proyecto que ahora se tramita en el Senado, porque lo contrario, a su juicio, sería un engaño. «No hemos hecho un brindis al sol en el Estatuto», dijo. Con todo, reconoció que la propuesta gubernamental tiene aspectos positivos y que responde a las demandas del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que España introduzca una segunda instancia judicial.