La Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya ha presentado un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en contra del decreto del Gobierno vasco que ordena su liquidación. En su opinión, la decisión del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales de liquidar las Cámaras «no tiene justificación social, económica o jurídica alguna». Reconoce que estas instituciones, como figura jurídica, «deben desaparecer», pero ha abogado por «dejar en manos de los asociados lo que siempre ha estado en sus manos».

La Cámara de la Propiedad vizcaína, que cuenta con 240.000 asociados, pretende que sigan siendo éstos los propietarios y gestores de sus bienes y que no se tenga que pagar con impuestos «un servicio que hasta ahora no costaba un euro a las arcas públicas». Asimismo, ha exigido que se garanticen los puestos de trabajo de sus empleados.